Olvidados, burlados y nuevamente desplazados, así aseguran sentirse 22 familias víctimas de la violencia en el Huila, tras señalar que llevan más de 20 años solicitando ayudas al Gobierno. Estas son sus historias.
Diario del Huila, Huila
Por: Gloria Camargo
“Allá prácticamente no hay nada que hacer”. De esta manera, Isabel Hernández Maldonado, una mujer que habla con voz suave, sin rastro de rabia, solo con pesadumbre se refiere a la finca en el departamento del Caquetá, la cual tuvo que abandonar por amenazas de grupos armados en dos ocasiones.
La historia de Hernández Maldonado, es una fiel radiografía del conflicto armando que por tanto tiempo se ha incrustado en la vida de millones de colombianos, como la maleza en las casas, fincas y tierras, desoladas por amenazas.
Isabel Hernández, aseguró que en el año de 1991 fue víctima de amenazas contra ella y sus tres hijos.
“Desde entonces he sido desplazada varias veces pero solo pude declarar en el 2007. Yo me vine para Garzón y de allá me tocó salir, después me fui para Bogotá pero tuve que salir y volver al Caquetá, de donde tuve, nuevamente que volver a salir porque además soy mamá cabeza de hogar”, señaló.
Esta mujer víctima de la violencia en varias ocasiones, indicó que todas estas amenazas habrían sido perpetradas por grupos armados al margen de la ley, sin embargo y aún siendo cabeza de hogar con tres personas a su cargo y desde 1991, no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado.
Sostenerse con poco
Cuándo se le interroga sobre cómo ha hecho para sostenerse moviéndose desde un departamento al otro sin tener una estabilidad o un ingreso mensual fijo señala que “gracias a mi Dios me dado mucha salud para sacar a buscar a mis hijos”.
Según Isabel, sus hijos son el motor de su vida y alterno con actividades agrarias en campos cercanos, gracias a la costura a podido establecer un ingreso para sostener su hogar, sin embargo preocupa, aquello que ella denomina como la negligencia por parte del Estado para atender sus demandas y las de las 21 familias que conforman la Asociación Rural Campesina de Víctimas de Colombia.
“Yo no he recibido ayuda de ninguna parte del Estado y Dios aprieta pero no ahorca, me he capacitado en el Sena pero ya tengo el cupo lleno y no puedo ingresar más”, al tiempo agregó que “A mí por lo menos siempre dicen que no hay recursos, por ejemplo he ido a la Unidad para las Víctimas y me dicen: gracias a Dios que tiene salud”, finaliza.
Frente al regreso a su tierra, explica que “la finca quedó allá y ya hay gente ocupándola. Yo vivía con mis padres, y ellos ya fallecieron, pero de todas maneras nosotros no podemos entrar por allá y otra persona ya llegó a ocupar la finca, entonces allá prácticamente no hay nada que hacer”.
Exigencias
Cómo esta, son muchas las historias de víctimas de la violencia que hacen parte de dicha Asociación, la cual lideró en Neiva un plantón para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos de paz y con su reparación, donde además piden que les sea entregado un terreno para que en conjunto puedan producir y generar ingresos para sus familias.
Según Fermín Sierra Monje, Representante legal de la Asociación y víctima del desplazamiento en hechos ocurridos en el corregimiento El Limón en San Vicente del Caguán, Caquetá, las exigencias son claras y puntuales.
“La verdad nosotros en la comuna 8 votamos por el presidente Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencia, porque pensamos que sería el cambio, así que le estamos pidiendo directamente a las entidades que tienen que ver con tierras, que nos entreguen una finca, y no importa si es de un narcotraficante o que la compre, para que las 22 familias que estamos aquí podamos ponernos a producir”, indicó.
El líder agregó que estas solicitudes previamente se han hecho ante la Alcaldía de Neiva y la dependencia de Desarrollo Agropecuario, y hasta la Secretaría de Gobierno, pero que hasta el momento no se ha conocido de ninguna respuesta.
“Por todos somos 22, pero por los integrantes de nuestras familias, contabilizamos 75 personas, donde la mayoría vive del rebusque, vendiendo en la calle, y soportando a la Policía, que molesta mucho. Yo fui desplazado en el 2000, y no me he sentido respaldado por la Ley 14 48 de 2011”, dice.
Normativa nacional
Sierra Monje, señala que si bien dicha norma fue modificada hasta el 2031, en Colombia, la acción social “nunca ha tenido sino un poco uno de personas oligarcas, personas que no quieren a las víctimas, que no han cumplido tampoco ni con la indemnización ni los proyectos productivos, ni vivienda. En 2007 había cobertura de viviendas gatitos para la familia y restitución de tierras, que es lo que estamos pidiendo en este momento. Nosotros nos quedamos acá hasta cuando el Presidente venga y nos dé una solución directa”.
Cabe resaltar que la Ley 1448 está Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, 3011 de 2013, Decreto 1081 de 201, establece «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.»
Donde, a través del Artículo 25 estipula el Derecho a la Reparación Integral: “las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.
La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”.
Cansados de no ser escuchados
Nerbey Oliveros Valderrama, quien fue desplazado desde Guayabal en el departamento del Caquetá en el año 2002, teme que esta ley, en su caso y en el de las 21 familias restantes, nunca llegue a cumplirse.
“Nos cansamos de las peticiones que le hemos hecho al Estado, entonces tomamos esta decisión para así pedirle al gobierno que nos cumpla lo que nos ha prometido. Nosotros estamos exigiendo una finca para trabajar en asociación, para producir y traer progreso”, establece
“Queremos que el gobierno nos entienda y nos dé una finca para trabajar y producir nuestros propios alimentos porque en estos momentos, los precios de los alimentos están muy caros. Gracias a que mi papá que me enseñó a conducir pero los que no saben conducir no sabe nada más que del campo, ¿de qué van a vivir?”, añade
“Yo trabajo en un taxi y en Guayabal era agricultor, trabajaba sembrando frijol, yuca, café, pero por la guerra con mi esposa y mis hijas. Le estoy exigiendo al gobierno que me dé una hectárea de tarea de tierra para poder cultivarla y vivir”, establece.
Indica que no quiere llegar a viejo, con pocas oportunidades de trabajo, en la ciudad, sino por el contrario, regresar al campo y vivir tranquilo.
Finalmente, José Barrera, quien debió huir de Solita, también en el Caquetá, por amenazas, señaló que “la economía está muy dura aquí en la ciudad, no tenemos plata ni para un arriendo ni nada entonces queremos ayuda y apoyo en la tierra digna para poder trabajar. La verdad es que nosotros no queremos violencia, estamos pidiendo lo que de verdad nos pertenece”.
Cada resaltar que este medio de comunicación, en distintas oportunidades intentó conocer cuáles son las cifras de ayudas que han sido entregadas por parte de la Unidad para las Víctimas entre los departamentos de Caquetá y Huila, pero no fue posible conocer esta información. Al igual se intentó establecer comunicación con la Dirección de la Unidad de Restitución de Tierras pero el cierre de la edición no fue posible.
