A través de un comunicado, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), que se ubica en el departamento de Nariño, denunció este miércoles, que el pasado 10 de junio, 480 familias del resguardo Awá Inda Guacaray fueron víctimas de desplazamiento forzado, por causa de enfrentamientos entre grupos armados.
“Exigimos atención prioritaria para estas familias a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Tumaco, ICBF, a la Unidad para las Víctimas y a las entidades municipales y departamentales, como la personería, a que convoquen a los entes competentes para gestionar espacios de atención que garanticen la vida del pueblo Awá UNIPA. Igualmente, se presentaron amenazas a algunas de las familias Awá desplazadas”, se lee en el comunicado de la comunidad indígena.
El resguardo Awá Inda Guacaray se ubica en la comunidad Villa Hermosa, jurisdicción del municipio de Tumaco. Durante el conflicto armado y desde años atrás, esta población indígena ha sufrido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos.
Entre tanto, las autoridades de la comunidad reseñaron que además del desplazamiento forzado masivo, se han presentado homicidios, activación de artefactos explosivos (minas antipersonales MAP), reclutamiento forzado y, en general, es un resguardo que ha sido víctima de enfrentamientos entre grupos armados en el territorio ancestral.
Por tanto, la unidad indígena señaló que dentro de la población desplazada se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad quienes necesitan de atención médica.
De esta manera, siguiendo con el relato de la UNIPA, el día sábado 11 de junio a las 9:00 p.m., se presentaron enfrentamientos en la comunidad de Sabaleta del Resguardo Awá Inda Sabaleta, jurisdicción del municipio de Tumaco.
Es importante recordar que desde 2009 la Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 004 ordenó, la protección de derechos fundamentales de personas indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia T-025/04. Sin embargo, ante esta realidad, UNIPA le hizo un llamado de urgencia al Gobierno nacional y a sus diferentes entes, para que cumplan con lo dictado por la corte.
Según los datos recogidos por la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), a lo largo del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 10.943 en 2016 a 73.974 víctimas en 2021, lo que implica un incremento del 675 %.
En ese sentido, el reciente informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y del Centro Noruego para los Refugiados (NRC), ubica a Colombia como el tercer país con más desplazados internos en el mundo, detrás de Siria y la República Democrática del Congo.
Por último, antes de terminar su denuncia, la comunidad indígena les solicitó a instituciones internacionales defensoras de derechos humanos, como Acnur, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consejo Danés, el Programa Mundial de Alimentos, Médicos Sin Fronteras, que brinden una atención integral a esta población Awá.
