Samuel Mosquera Medina relató su experiencia en la Audiencia de Observaciones de Víctimas del Bloque Sur de las Farc-EP, evidenciando el sufrimiento causado por el destierro que vivió en Algeciras y la muerte de su hermano que marcó su vida como exoficial del Ejército.
Diario del Huila, Primer Plano
En un conmovedor testimonio que resuena en los muros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se celebró la séptima jornada de la Audiencia de Observaciones de Víctimas del Bloque Sur de las extintas Farc-EP. Durante esta sesión, se escucharon los desgarradores relatos de aquellos que sufrieron los secuestros perpetrados por la Columna Móvil Teófilo Forero y otros frentes del Bloque Sur, en un intento por desentrañar la verdad y lograr justicia.
La magistrada María Clara Galvis, encargada de presidir la sesión, subrayó la importancia de este espacio dedicado a las víctimas. «Este es su momento», declaró Galvis, animando a las víctimas a expresar sus demandas de verdad y a proporcionar observaciones sobre las versiones entregadas por los exintegrantes de las Farc-EP.
Las primeras cuatro jornadas de esta audiencia se realizaron del 29 de abril al 3 de mayo, mientras que la segunda etapa de sesiones inició el pasado martes 14 de mayo. En ellas, la magistratura ha recogido testimonios sobre secuestros que nutrirán la investigación del Caso 01, centrado en estos crímenes.
Durante la jornada, Samuel Mosquera Medina se presentó para contar su historia, un testimonio que puso en evidencia las atrocidades sufridas en Huila. Mosquera relató cómo fue retenido en varias ocasiones por miembros de las Farc-EP y cómo el 4 de enero de 2000 le prohibieron la entrada al municipio de Algeciras debido a su pasado como suboficial del Ejército Nacional. «Compré una casa en Algeciras, la cual me destruyeron», narró Mosquera con voz quebrada, detallando la destrucción de su hogar y el secuestro y asesinato de su hermano Juan Mosquera Medina, conocido como ‘La Gallina’. Este último crimen no ha sido reconocido por los comparecientes, a pesar de las evidencias presentadas. «Son los únicos que tienen la verdad sobre el asesinato de mi hermano», afirmó.
El dolor de Mosquera es palpable cuando explica las consecuencias a largo plazo de estos actos violentos. «No he podido profesionalizar a mis hijos», lamentó, señalando las dificultades económicas y emocionales que han marcado a su familia desde entonces. A pesar de las repetidas retenciones que sufrió, Mosquera aclaró que nunca fue privado de su libertad de manera prolongada, aunque siempre vivió bajo la amenaza constante. «Cada vez que visitaba el pueblo, me decían que debía abandonarlo a las cinco de la tarde, porque no respondían por mi vida», recordó.
El atentado a su vivienda
El ataque a su vivienda el 26 de junio del 2000 fue un golpe devastador, no solo material sino emocional. Tapiero, uno de los exintegrantes de las Farc-EP, expresó en audiencia su lamento por la afectación al patrimonio familiar de Mosquera, pero negó reconocer el daño. «Ahí estaba el esfuerzo de dos familias, más un crédito que se hizo para reconstruirla», dijo Mosquera, evidenciando la falta de reparación y reconocimiento por parte de los perpetradores.
Secuestro y asesinato
La historia del secuestro y asesinato de Juan Mosquera Medina también está llena de interrogantes y dolor. » Desde el año 1982, cuando mi hermano y yo cumplimos 18 años, nos trasladamos al municipio de Algeciras. Allí, mi hermano comenzó a trabajar como técnico electricista, mientras que yo, inclinado hacia las armas, ingresé al Ejército Nacional en 1983″, relató Samuel.
«Dicho esto, no entiendo por qué, siendo nosotros nacidos y criados en la región, se cometió ese crimen. Me gustaría que se reconociera este delito, para lo cual deben considerarse varios puntos: primero, que no fue cometido por alias ‘Mocho’, quien fue dado de baja por el Gaula Militar entre 2002 y 2005. Segundo, no comprendo por qué mi hermano, que trabajaba en un municipio pequeño y era conocido por todos, incluyendo a los grupos subversivos para quienes realizaba trabajos eléctricos, fue enviado a otra zona limítrofe con el Caquetá, en la vereda Las Morras, en el momento de su secuestro».
A pesar de pagar repetidas extorsiones, el secuestro y posterior asesinato de Juan permanecen sin reconocimiento por parte de las Farc-EP. «Mi hermano fue secuestrado supuestamente por dejar de pagar ‘vacunas’, pero siempre pagamos», insistió Mosquera.
De acuerdo con el testimonio de Samuel Mosquera ante la JEP: «En cuanto al pago de extorsiones, varias veces nos cobraban el mismo dinero por las mismas razones, y los jefes no recibían el dinero. Nos dimos cuenta e intentamos reclamar, pero sabiendo las consecuencias que eso podría traer, no pudimos profundizar más en el asunto. Los cabecillas se enteraron de la situación y les hicieron dos consejos de guerra».
“El cautiverio duró casi dos años. Durante ese tiempo, le dieron tres permisos. Llegaba a mi casa desesperado y me decía: ‘Necesito dinero para llevar, para pagar la deuda que estoy debiendo’. Generalmente, era yo quien, con mis propios recursos, incluyendo mi asignación de retiro y primas, pagaba esos montos”.
Desplazamiento forzado
«Cuando murió mi hermano, la comunidad de Algeciras pidió que el cuerpo fuera velado en dicha población. Sin embargo, como yo era el titular de los servicios funerarios y mi madre estaba siendo operada de una cirugía a corazón abierto, tuve que quedarme para autorizar cualquier intervención médica y cuidar de ella. Por estas razones, y también por la seguridad de mi familia y la mía, no pudimos desplazarnos hasta Algeciras», acotó Samuel Mosquera ante la JEP.
En cuanto al desplazamiento forzado, hubo varios factores que lo justificaron. Mosquera relató que mientras estaba asignado al Batallón Pigoanza en el municipio de Garzón, recibió múltiples amenazas, lo que le obligó a permanecer dos años sin salir de la unidad militar para proteger a sus seres queridos. Cuando fue trasladado a Neiva, las amenazas continuaron, por lo que decidió mudarse a Bogotá, «tratando de despistar al enemigo y evadir responsabilidades», según sus palabras.
La víctima, asegura que las consecuencias de todo lo que ha tenido que vivir, son evidentes, sumado a proceso jurídicos que ha tenido que afrontar.
Las audiencias de la JEP buscan no solo la verdad, sino también la reconciliación y la reparación de las víctimas. Sin embargo, los relatos como el de Samuel Mosquera Medina subrayan la larga y difícil lucha por la justicia y la verdad en Colombia. La falta de reconocimiento por parte de los comparecientes y la persistencia del dolor de las víctimas muestran que el camino hacia la reconciliación es arduo y está lleno de obstáculos.
La JEP continúa recopilando testimonios esenciales para entender la magnitud de los secuestros perpetrados por las Farc-EP. Estos relatos no solo documentan el sufrimiento de las víctimas, sino que también buscan garantizar que los responsables rindan cuentas y que la sociedad colombiana pueda avanzar hacia un futuro de paz y justicia.
La jornada concluyó con un recordatorio solemne de la magistrada Galvis: «La verdad es un derecho de las víctimas y un deber de la sociedad». Mientras el proceso continúa, la esperanza es que, a través de estos testimonios, se pueda construir un camino hacia la reparación y la reconciliación, permitiendo que el dolor y el sufrimiento de tantas familias no sean en vano.
