El Ministerio Público determinó que Julio Enrique Ortiz Angulo mantuvo comportamientos reiterados de acoso y hostigamiento entre 2019 y 2020.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitación por 18 años de Julio Enrique Ortiz Angulo, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital, tras encontrarse culpable de acoso sexual a varias compañeras instructoras. La decisión fue tomada luego de una exhaustiva investigación que verificó la responsabilidad del funcionario en conductas inapropiadas de índole sexual.
El Ministerio Público determinó que Ortiz Angulo, quien ejercía su cargo en el centro de formación en actividad física y cultural, mantuvo comportamientos reiterados de acoso y hostigamiento entre 2019 y 2020. Se comprobó que el instructor realizaba acercamientos no consentidos y sugerencias de naturaleza sexual hacia las denunciantes, generando un ambiente laboral hostil y de intimidación. Estos actos incluían comentarios inapropiados y propuestas sexuales insistentes, que afectaron a varias compañeras de trabajo.
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Frente a aprendices
Uno de los hechos más graves registrados en el expediente ocurrió en la biblioteca del centro de formación, donde Ortiz Angulo fue sorprendido tocándose los genitales en presencia de tres aprendices, un comportamiento que dejó profundas secuelas psicológicas en las víctimas. Las afectadas reportaron episodios de ansiedad, temor y nervios, lo que derivó en la denuncia formal ante las autoridades disciplinarias.
La Procuraduría calificó la conducta del instructor como una falta gravísima, actuada con dolo, es decir, con plena conciencia de la gravedad de sus acciones y de sus consecuencias en las víctimas. La entidad también resaltó que el comportamiento de Ortiz Angulo fue totalmente inaceptable y contrario a los principios de respeto y profesionalismo que deben prevalecer en un entorno educativo.
Severidad en la sanción
La sanción impuesta, que implica la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier función pública por un periodo de 18 años, refleja la severidad con la que la Procuraduría sanciona este tipo de conductas, especialmente cuando afectan a mujeres en sus espacios de trabajo. Esta decisión busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia ante el acoso sexual en instituciones públicas, así como de protección a las víctimas.
El Sena, por su parte, ha manifestado su respaldo a las decisiones judiciales y ha reafirmado su compromiso con la creación de entornos de aprendizaje seguros y libres de cualquier forma de acoso o intimidación.
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