Desde esta tribuna hemos afirmado que la administración pública es toda gestión que se lleva a cabo en representación de una comunidad. Es el espacio en el cual las relaciones entre Estado y Sociedad civil cobran vigencia y se actualizan. En este sentido, la función pública se debe desempeñar con criterio de honestidad y rectitud y con miras al bien común, porque no es solo la permanencia del Estado como tal la que está en juego, sino el bienestar y la credibilidad ciudadana como muy bien lo confirma la Constitución Nacional. Sin embargo, se sigue observando a través de la historia que las conductas de los servidores públicos generalmente no corresponden a esta orientación natural y legal. Al contrario, se alejan del correcto ejercicio de la función pública.
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Vientos de tormenta soplan por estos días en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por las denuncias que se han venido denunciando en todos los medios de comunicación y redes sociales, desde que se adquirieron los 40 carrotanques para abastecer agua potable a las comunidades indígenas más pobres a la Guajira a través de este polémico contrato por $46.000 millones. El ventilador que prendió el exsubdirector de esta dependencia, Sneyder Pinilla del círculo intimo del presidente de la República Gustavo Petro, que en sus declaraciones a la Revista Semana, ha salpicado a los presidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Humberto Calle a quienes les entregó las unas de tres mil millones de pesos y mil millones de pesos respectivamente, para comprar los votos de algunos congresistas para que le aprobaran sus polémicas reformas, y que algunos funcionarios del alto gobierno, Sandra Ortiz, Consejera Presidencial para las Regiones, Secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga, los cuales fueron retirados de sus cargos.
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Es detestable que se sigan manteniendo estos estilos detestables de corrupción administrativa, que desde que se posesionó el primer mandatario de los colombianos, se han denunciado aberrantes casos de corrupción para el logro de sus objetivos gubernamentales. Lo grave de esta situación, es que este episodio promete ser el más grande ocurrido durante el presente siglo. Igualmente, el anterior director de esta entidad, Olmedo López, ha expresado colaboración con la Fiscalía General de la Nación, porque también se encuentra comprometidos con estos abominables comportamientos que atentan contra las sanas costumbres que se deben mantener al interior de la administración pública. Lo preocupante es que la lista de funcionarios y congresistas implicados es larga. Aparecen en el listado, otros 15 integrantes del legislativo, los ministros de Salud, Hacienda y Minas. También recaen dudas sobre Carlos Ramón González, el director del Dapre, hoy director de Inteligencia y uno de los hombres más cercanos a Petro. Todas estas revelaciones aparecen condensadas en la última edición de la Revista Semana. Las autoridades tienen la palabra.
