Nuevamente la sociedad huilense vuelve a estar convulsionada por el crimen execrable de otra menor de edad, esta vez, de la niña de cinco años, Karol Natalia Chantre Quiguana, quien fue hallada sin vida en la mañana del pasado viernes mayo en una zona boscosa cerca de la vivienda donde residía, ubicada en la vereda San Vicente, sector La Alpina del municipio de La Plata, en el occidente del Huila. Lo triste es que la menor desapareció mientras se encontraba al cuidado de su hermano de 10 años, desde el jueves, 12 de mayo cuando fue reportada ante las autoridades como desaparecida. Desde el momento mismo en que fue encontrada, dolorosamente muerta, las autoridades emprendieron exhaustivas labores para tratar de establecer los móviles que rodean el asesinato de la pequeña y dar con el responsable de tan baja acción, que ha generado todo tipo de rechazo entre la comunidad huilense.
Ha sido unánime, contundente y absolutamente comprensible el repudio que ha generado en el país la noticia de este crimen de esta indefensa niña, a la cual le truncaron sus sueños de seguir disfrutando la vida. No debe existir impunidad. De ahí que lo sucedido en modo alguno puede quedarse en el ámbito judicial. Por supuesto, hay que esperar que la justicia actúe con total contundencia y el victimario reciba una pena severa, acorde con la barbaridad en la que incurrió. Y advertir, claro, que de ninguna manera pueden rondar en este caso, esos males tan de la entraña de nuestra Rama Judicial. Urge que se le haga un seguimiento constante al proceso, como lo exige la comunidad huilense.
Es importante proteger por todos los medios a los menores, pero en el cumplimiento de esta obligación, debe primar la razón sobre la indignación. Por este motivo, es tal la indignación de la sociedad colombiana por estos abominables hechos, que los precursores de la cadena perpetua han venido exigiéndole al gobierno nacional, la implementación de este castigo cruel y desproporcionado para otros. Igualmente, el costo de mantener un preso en condena perpetua asciende a un promedio de 18,3 millones de pesos, anualmente.
Igualmente, la violación de menores se convierte en otro flagelo detestable para la sociedad colombiana. Algunos expertos sobre la materia aseguran que los aumentos en las cifras sobre estos delitos tienen que ver, con el crecimiento de las denuncias y que ha ido cediendo la cultura del silencio, porque el número de depredadores se encuentra relacionado, con las nuevas tecnologías que escapan a la supervisión de los padres. En muchas ocasiones los depredadores se valen de las redes sociales para emprender sus horrendas cacerías. Liberar a las niñas de este flagelo debe ser una política de Estado en un contexto de integralidad y transectorialidad, alejada de la retórica cortoplacista.
