Desde la antigüedad existe un detestable delito contra las mujeres y personas desprotegidas que son cometidas por personas que ostentan poder y dominio dentro de las organizaciones o unidades familiares. La lucha contra todas las formas de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes no debe tener tregua. Es de esos imperativos morales y éticos que una sociedad debe arrogarse a fondo si quiere sobrevivir como tal. Los sucesivos hechos que retratan las vejaciones a las que han sido sometidos miles de menores, ya sea en entornos familiares o escolares, merecen la condena y el repudio generalizados. Y cualquier acción que se emprenda para minimizar esos riesgos tiene que ser respaldada sin ambages.
En el Huila, este fenómeno ha adquirido tal dimensión que las autoridades han tenido que emplearse a fondo para frenar estos comportamientos criminales. La crisis de acoso y abuso sexual en los colegios del país no tiene solución sencilla por una ausencia de normas acompañada de la incapacidad de las autoridades para tomar medidas apropiadas. En el caso de los estudiantes es aún más complicado, pues las directivas de los colegios no están capacitadas en acciones para responder a estas situaciones. El resultado es que las víctimas se acumulan, la impunidad permanece y poco se hace para romper con el ciclo de violencia que se ha normalizado durante años.
Solo hay dos maneras posibles de atacar esta forma de violencia: con justicia y con pedagogía. El mensaje debe ir a la sociedad y a los padres en general, que tienen que estar atentos a situaciones de acoso que vulneren a sus hijos e hijas. La tarea y el compromiso son la protección y el cuidado de los menores allí donde comparten el mayor tiempo de sus vidas, el colegio. Si no les garantizamos que esos espacios sean lúdicos, seguros y dignos para ellos, entonces la violencia sexual seguirá pelechando.
No es tan sencillo como pedir que todos los casos sean tramitados por la Fiscalía, ya que el sistema penal está colapsado, los casos de violencia sexual suelen estancarse por dificultades probatorias y los operadores judiciales no están capacitados para llevar este tipo de procesos. Necesitamos que la sanción administrativa sea prioritaria y eficiente. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en círculos mientras más niñas, niños y adolescentes sufren en los colegios. Pero hay que ser muy claros en que este desafío se juega, ante todo, en la esfera cultural. De ahí la necesidad de que los planteles pongan sobre la mesa el tema. Que se hable del acoso y el abuso sexual sin tapujos, aceptando que son una realidad que está presente y frente a la cual no hay mejor antídoto que la transparencia, con la certeza de que el secreto es el mejor aliado de los agresores.
