El reclutamiento forzado de menores en Colombia es uno de los delitos de lesa humanidad más detestables, practicado por las organizaciones subversivas que han venido desarrollando desde hace más de cinco décadas, generando zozobra y terror a las familias especialmente en el sector rural. Desde el 2013, se redujo un 89 por ciento, en gran parte por la desmovilización de la guerrilla de las Farc, producto del Acuerdo Renegociado de Paz.
Desde hace dos años, se van derrumbando judicialmente las mentiras que durante años repitieron en foros públicos las extintas Farc. El anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus avances en el caso de reclutamiento forzado de menores de edad es una denuncia contundente de la inhumanidad del grupo guerrillero. El número total de víctimas, sumado a las variadas maneras en que fueron vulneradas y explotadas por la organización criminal, es un motivo de justa indignación. La justicia transicional sigue avanzando en su propósito de traerles verdad a las víctimas y a las familias, mientras que los excombatientes tienen todavía mucho por contarles a los tribunales de paz.
La JEP nos va dejando, con cada uno de sus avances, cifras que bien podrían resumir el horror que ha sufrido Colombia por culpa del conflicto. En esta ocasión el dato es terrorífico: 18.677 menores de edad fueron forzados a unirse a las Farc. De esos, 5.691 eran menores de 15 años y 9.870, jóvenes entre los 15 y 17 años. Durante mucho tiempo los representantes de las Farc insistieron en presentar estos números como simples consecuencias de la realidad colombiana, voluntarios para la guerra y la causa que libran. Pero ahora la JEP ha confirmado que eran sometidos a múltiples crímenes y presiones.
Una lista de las conductas con las que victimizaban a los menores de edad: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos. Eso incluye aborto forzado, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor de 14 años, esclavitud sexual, acto sexual abusivo o violento y otras conductas que atentaban contra la integridad sexual y reproductiva de las mujeres.
En el sistema estadístico de denuncias para casos de reclutamiento forzado infantil del Departamento de la Policía Huila, en lo corrido del 2020 y 2021, tres han sido los menores reclutados por grupos al margen de la ley. Los municipios con mayor afectación han sido Tello, Teruel y La Plata. Esto demuestra que la práctica infame del reclutamiento de menores no terminó con la firma del acuerdo de paz del Gobierno con la guerrilla de las FARC, y que por el contrario es un flagelo que continúa llevando a más familias a pasar por esta difícil situación.
