José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ha solicitado al presidente Gustavo Petro que suspenda las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta que se aclaren las acusaciones de corrupción planteadas por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
López había denunciado el 25 de junio ante la Corte Suprema, en el marco del juicio contra Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que la Ungrd habría entregado contratos al ELN como parte de un acuerdo para asegurar la manutención de sus miembros. Según López, el ELN había amenazado con abandonar las negociaciones si no se encontraban nuevas fuentes de financiación para sus hombres, y sugirió que los contratos eran una forma de garantizar estos recursos.
Lafaurie, quien es miembro de la delegación gubernamental en las conversaciones con el ELN, expresó en su columna de opinión titulada «La corrupción y la paz posible» que estas acusaciones deben ser investigadas minuciosamente para preservar la legitimidad del proceso de paz. El dirigente gremial hizo un llamado a la justicia para que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la Fiscalía y que la Corte Suprema se pronuncie a la brevedad.
Contrario a la postura del senador Iván Cepeda Castro, quien ha rechazado las acusaciones y defendido la integridad de las negociaciones, Lafaurie argumenta que el Gobierno debería suspender las conversaciones hasta esclarecer el presunto desvío de recursos en Arauca. Esto, en referencia a los $34.000 millones supuestamente dirigidos a Saravena, un municipio de Arauca vinculado con la representante Karen Manrique.
Lafaurie insiste en que la transparencia es esencial para garantizar que las conversaciones puedan reanudarse sin sospechas de corrupción. Destaca que la sombra de la corrupción puede afectar negativamente la percepción pública del proceso de paz, que debe avanzar con plena confianza y credibilidad. En su opinión, la corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también podría complicar el avance de un acuerdo de paz que es crucial para la estabilidad del país.
Además, Lafaurie critica la implicación de Karen Manrique en el escándalo, subrayando que es especialmente preocupante que una representante de la circunscripción de paz esté asociada a un caso de corrupción. La representante es vista como una figura clave en la región afectada por el conflicto, y su vinculación con este caso pone en entredicho su rol y el de la institucionalidad en el proceso de paz. Lafaurie recalca que Arauca, aún sometida al control del ELN y con una historia de conflicto, necesita una administración honesta y comprometida para avanzar hacia la reconciliación y el desarrollo.
Lafaurie también recordó cómo, en el pasado, el ELN ha tenido influencia significativa en la política local de Arauca, en especial en la elección de alcaldes. La gestión de recursos, tanto a través de regalías como de partidas gestionadas, ha sido un punto crítico en la relación entre el gobierno local y la organización guerrillera. En este contexto, las acusaciones de desvío de recursos pueden tener implicaciones graves no solo para el proceso de paz, sino también para la estabilidad y el desarrollo económico de la región.
Finalmente, Lafaurie concluye su columna destacando que la resolución de este escándalo es vital para restablecer la confianza en el proceso de paz y en las instituciones colombianas. Asegura que la sociedad colombiana merece un proceso transparente y libre de corrupción, que permita avanzar hacia un futuro de paz duradera y justa.
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