Voceros del Gobierno Departamental, se han reunido con representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ente que se encuentra haciendo seguimiento a las acciones de los grupos armados en la región, donde ya se han denunciado casos de reclutamiento forzado de menores de edad y desplazamiento forzado.
Gran parte de las víctimas de desplazamiento, proceden de Neiva y municipios cercanos, entre los que se encuentran: Tello, Baraya, Gigante y Algeciras.
Reanudaron las conversaciones
Ante la reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y disidentes del Estado Mayor Central, este medio de comunicación dialogó con Edgar Martín Lara, secretario de Gobierno del Huila, quien expresó: “para la Administración Departamental, es muy importante que estos diálogos lleven tranquilidad de la ciudadanía, para que a través de los mismos se deje al ciudadano libre de presión, de extorsión y nos parece muy importante que se esté hablando, pero que ojalá tengan en cuenta cada uno de los aspectos. Nosotros estamos en la responsabilidad de generar la seguridad para la región”.
El funcionario resaltó que pretenden que la población, pueda ejercer sus distintas actividades de forma eficaz, para llevarles el sustento a sus familias y las empresas puedan prosperar.
“Recalcamos que los diálogos de paz son muy importantes, pero estos deben conllevar responsabilidades en favor de la población civil”, indicó el encargado de esta entidad.
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Las denuncias realizadas
“En este sentido la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encuentra haciendo seguimiento en la región, y hemos denunciado la instrumentalización por ejemplo de nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal con los censos que se han hecho en diferentes veredas y municipios del departamento de Huila, el ingreso de menores de niños, niñas y adolescentes a las filas de estos grupos, quienes les ofrecen remuneración, motos, celulares y de esta manera persuaden a los menores de edad”, reveló el secretario de Gobierno.
Estos mismos hechos han sido puestos en conocimiento de Otty Patiño, alto comisionado para la Paz y del jefe negociador de la delegación del gobierno, Camilo González Posso.
Conversaciones y acciones de Paz
El secretario de Gobierno del Huila, es enfático en afirmar: “es importante que el Departamento se beneficie con estos diálogos, y no se vea perjudicado con más extorsión e instrumentalización de menores de edad”.
Además, el funcionario indicó que ellos han enviado informes a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de cada uno de los grupos al margen de la ley distintos grupos con los que no existen conversaciones.
“Hemos hecho las observaciones que tenemos frente al proceso, no podemos negarnos a que estos diálogos no se realicen, por el contrario, lo que beneficie a la población civil, es importante”, dijo el directivo.
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Pocas personas, generan miedo
En este sentido, frente a la presencia de los actores armados, a veces son grupos pequeños, que generan zozobra entre las comunidades. “Hay colectivos de seis personas, transitan en motos, armados y son quienes realizan las extorsiones, provocan miedo en la gente, por lo anterior los afectados toman la decisión de desplazarse”, expresó el funcionario.
Asimismo, el operario reiteró: “cuando se inician estos diálogos, se tienen que ver primero estas condiciones de no afectación a la sociedad civil, menos a las personas que ya firmaron la paz y que ya están asentados en una región, produciendo e integrándose a la sociedad”.
Conversaciones, Estado y disidencias
Es importante señalas que después de reuniones preparatorias, las delegaciones dieron por instalado el V ciclo de negociaciones en la capital de la República. La agenda para desarrollar, hasta este 16 de julio próximo, incluye temas como definición de un compromiso ambiental, establecer un cronograma de transformaciones territoriales, metodología para avanzar en la construcción de la agenda de negociación, georreferenciación y otros aspectos de derecho humanitario.
Por su parte, el jefe negociador de la delegación del gobierno, Camilo González Posso, destacó el inicio del ciclo y la presencia plena de la delegación del EM con los comandantes de los jefes del Estado Mayor de los Bloques, Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes y de algunos jefes de Frentes de la organización armada.
Agregó que ese trabajo “nos ha permitido recorrer los territorios, hacer reuniones con las comunidades, hacer un ejercicio participativo a nivel local y regional que nos da lecciones para el conjunto de la estrategia participativa en la construcción de las agendas, incluida la de ambiente para la paz, el fortalecimiento y avance en experiencias en el MVMV para detectar fortalezas y debilidades”.
Por su parte del jefe de la delegación del Estado Mayor de los Bloques, Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las FARC-EP, Leopoldo Durán, aseguró que “nuestro propósito como organización insurgente, siempre será la salida política al conflicto social”. En sus palabras, el “conflicto no es armado sino social y la solución tiene que ser política Por eso hemos buscado salidas y en este momento estamos trabajando en conjunto con esta comisión del Gobierno, de manera que como equipo logremos encontrar una solución política al conflicto. Por eso hemos buscado en cada ciclo encontrar soluciones dentro de los territorios y llegar a encontrar dentro de esas soluciones los insumos pertinentes para una agenda nacional.
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Desplazamiento forzado interno
Y en relación al desplazamiento forzado que se registra en este Departamento, Jorge Mancilla, coordinador del Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV), expresó. “El 55% de las familias que declararon ser víctimas de desplazamiento forzado interno en el Huila, proceden de Neiva y municipios cercanos, entre los que se encuentran: Tello, Baraya, Gigante y Algeciras”.
De las 222 familias que llegaron a Neiva con periodo de corte al 30 de junio de 2024, de estos declarantes, el 54% han sido hombres y el 46% mujeres. De estas denuncias el 87%, se dieron por desplazamiento forzado, y el 29% por amenazas.
“De esos clanes, el 55% de esas 222 familias que denunciaron ser víctimas, proceden del mismo Huila, de Neiva y otros municipios como ya lo mencionamos. Y un 19% de los desplazados, provienen del departamento del Caquetá y un 26% a otras regiones del país”, reveló el funcionario.
Neiva, aporta más desplazados
Ya en lo relacionado al Departamento que aporta el 55% de la población víctima de desplazamiento, el municipio que más engrosan esta cifra es Neiva, con 22 casos. “Solo hablando de la capital opita, gran porcentaje de los casos vienen del corregimiento de Vegalarga, centro poblado de San Antonio, asimismo de San Luis y Chapinero”.
Estas familias llegan al CRAV, realizan la respectiva declaración e inician la ruta para que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.
De estos casos, el 49% de los perjudicados son parejas y un 43% son grupos familiares de tres o cuatro personas. Regularmente estos desplazados llegan a Neiva, a los asentamientos ubicados en el oriente de la ciudad.
