DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Diez de los 28 imputados en la investigación abierta por la Contraloría por los problemas en la construcción del proyecto energético Hidroituango, recusaron este jueves 17 de diciembre, a la contralora delegada del caso, a la sala fiscal de la entidad y en particular a la Contraloría, en general.
La lista de quienes impusieron este recurso está liderada por Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Alonso Salazar, exalcalde de Medellín y John Alberto Maya, exgerente de Hidroituango.
También participaron Juan Esteban Calle, exgerente de EPM; Federico Restrepo Posada, quien estuvo al mando de EPM entre 2008 y 2011; Luis Javier Vélez, también exgerente de EPM; Iván Mauricio Pérez Salazar, quien fue el delegado de la gobernación de Sergio fajardo ante la junta directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Alejandro Granda, quien también estuvo en la junta directiva de IDEA, María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación Departamental de Antioquia y Rafael Nanclares, exsecretario de Infraestructura Física de Antioquia.
Según informó El Espectador, la investigación de la Contraloría arrancó a finales del año pasado y el auto en el que se profirieron las imputaciones tiene unas 1.200 páginas, que detallan con minuciosidad el proceso realizado desde el comienzo de su construcción, hasta la contingencia de 2018.
En el documento del recurso interpuesto se afirma que, “como muestra de un proceso apartado al debido proceso, impregnado de opiniones públicas sin contexto, el señor Contralor General de la República anunció el pliego de cargos que fue dictado por la Contralora Delegada, en una rueda de prensa, convocada desde el día jueves 3 de diciembre de 2020, fecha en que fue notificado el referido auto, a pesar de que muchos de los investigados ni siquiera sabían del contenido de la decisión”.
Igualmente, los imputados aseguran que en declaraciones públicas la Contraloría ha dejado claro que “entregarán resultados” y que “en poco tiempo habrá un fallo”, sin embargo, este tipo de pronunciamiento, argumentan, atenta contra la presunción de inocencia.
Los imputados que hacen parte de la recusación a la Contraloría afirman que la celeridad con la que se ha desarrollado el proceso ha llevado a “la denegación de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, la negativa a posibilitar la contradicción del informe técnico presentado por la Universidad Nacional al considerar “impertinentes” las solicitudes de aclaración y complementación solicitadas, entre muchas otras irregularidades (…) Es tanta la prisa en “dar resultados en este proceso” que la Contralora Delegada ha procedido a negar pruebas sin que las decisiones estén motivadas”, se lee en el documento del recurso.
En el documento también se solicita que, dada la parcialidad de la investigación de la Contraloría, el proceso lo debe llevar la Contraloría General de Antioquia, “entidad pública natural para conocer la investigación de responsabilidad fiscal”.
Cabe resaltar que, para la entidad las fallas de Hidroituango son el resultado de una serie de errores, que ha traído tres grandes consecuencias: no se está generando energía eléctrica, que estaba aparentemente contratada para 2018, esto generó un lucro cesante de $1,1 billones. Existe un aumento excesivo de los costos del proyecto, pues terminó costando cerca de $13 billones con un daño fiscal de $2,9 billones. Por último, la grave contingencia de 2018, que amenazó con causar una calamidad en municipios cercanos como Puerto Valdivia, entre otros.
