Amenazas, lesiones personales, discriminación, estigmatización del personal de salud, restricción y/o prohibición de la oferta de servicios de salud y el forzar la atención de los pacientes en condiciones inadecuadas, produjo consecuencias físicas y psicológicas en los miembros de la Misión Médica afectados. Estos daños del personal de salud aumentaron en un 49% el año pasado con 325 casos, siendo la cifra alta registrada en los últimos años.
Luis Fernando Correa Serna, jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres de la cartera de Salud, aseguró que “el 32% de los eventos registrados tuvieron relación con la atención de la pandemia por COVID-19, dado, que a partir del desconocimiento e información errónea sobre el virus y su enfermedad, se generaron hechos que vulneraron los derechos del personal sanitario”.
Los eventos denunciados ocurrieron principalmente en los servicios de urgencias de los hospitales y en centros y puestos de salud. De igual forma, los departamentos con mayor número de reportes fueron Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Arauca y Antioquia.
De los 325 actos de agresión contra la Misión Médica en Colombia reportados en 2020, el 68% corresponde a incidentes, es decir, acciones violentas ocurridas por fuera del conflicto armado, realizadas por personal civil o por la delincuencia común. Mientras que el 32% corresponden a la calificación de infracciones contra la misión médica, que también son hechos violentos, pero están relacionados con el conflicto armado que afecta algunas regiones del país.
Así las cosas, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los miembros que integran la Mesa Nacional de Misión Médica, hacen un llamado urgente al respeto hacia la Misión Médica y exhortan a los ciudadanos, a la fuerza pública, a los grupos armados y otros actores, a que generen de manera inmediata medidas de prevención y protección, para con ello, dar cumplimiento a lo descrito en las normas internacionales y nacionales, que establecen la prestación de servicios de salud, como el camino que permite materializar efectivamente el derecho fundamental a la salud.
