De acuerdo con las cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en lo corrido del año se han presentado 59 desplazamientos masivos, que equivalen a 18.755 personas sacadas a la fuerza de sus territorios por culpa de la violencia. Colombia y Siria encabezan el listado de países con más desplazamiento interno.
El funcionario hizo un llamado de urgencia a la administración del presidente Gustavo Petro para que atiendan de manera oportuna y eficaz a las poblaciones afectadas por los grupos armados que dicen tener disposición de paz, pero siguen vulnerando sus derechos.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/declarada-urgencia-manifiesta-en-la-plata-huila-por-desplazamiento-masivo/
Desplazamiento forzado en Colombia
Colombia y Siria encabezan el listado de países con más desplazamiento interno. A nivel local, se conoció que debido a los combates entre Disidencias y Ejército en zona rural del municipio de La Plata, cerca de 50 personas, llegaron al casco urbano y ya desde la Gobernación, indicaron que les estaban haciendo el acompañamiento sico-social.
Otro caso que se investiga y que llama la atención en el país es el desplazamiento forzado de los pueblos jiw y nükak de Guaviare.
El ECI, de acuerdo con la Sentencia T-025 de 2004, compartida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se entiende como una decisión judicial emitida por la Corte al declarar que se han presentado violaciones masivas, generalizadas y estructurales de los derechos fundamentales. Es por eso que ordena a las instituciones competentes que, por medio de acciones integradas, se ponga fin a esa situación.
“El Estado de Cosas Inconstitucional es la prueba del incumplimiento del Estado social de derecho y de la desvalorización de la Constitución social, por eso, con su declaratoria, ingresamos a un estado de anormalidad, a un período que supone el ejercicio de mayores competencias y responsabilidades por parte del Estado; y que debe ser objeto de un fuerte escrutinio social, político y jurídico”, indica el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, citado por la unidad.
Así las cosas, el 18 de agosto se hará seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 265 de 2019, que hacen referencia a la grave vulneración de derechos de los Jiw y Nükak. Esta diligencia la solicita la Defensoría del Pueblo y del líder mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barrocón.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/condenado-a-17-anos-de-carcel-exalcalde-de-palermo-helber-yesid-pinzon/
Debía salir de la zona
En cuanto a la problemática del desplazamiento forzado que se registra en Colombia a consecuencia del accionar de los grupos armados que se enfrentan con el Ejército u otras organizaciones al margen de la ley, se conoció el caso del comerciante Armando Gutiérrez, a quien cambiamos el nombre por razones de seguridad.
Cabe recordar que años atrás, había municipios y corregimientos que no podían ser visitados por la sociedad, por el accionar de en su momento las Farc, luego con los acuerdos firmados entre este grupo y el Gobierno Nacional, ya se lograba ingresar a zonas como el Caquetá, adonde llega el comerciante.
“Me encontraba en el corregimiento de Campo Hermoso en diciembre de 2022 y unos señores se me acercaron y me dijeron que debía salir del lugar, porque no podía estar ahí. Ante esta situación, recogí mi mercancía y al otro día viaje al municipio de San Vicente del Caguán y luego hacía Neiva”, señaló la víctima.
El afectado llevaba dos años comercializando sus productos con el fin de darle una mejor calidad de vida a su familia.
Le puede interesar: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/muertos-en-combate-cinco-bajas-se-reportan-del-clan-del-golfo-en-choco-791286
Las llamadas amenazantes
Ya en enero de 2023, unos sujetos ubicaron a un allegado y le comunicaron que le hiciera llegar un panfleto al comerciante. Luego el documento llegó a manos de la víctima, quien se mostró afectado por esta situación.
Debido a esta difícil situación que padece, el empresario en abril del presente año, decide poner el respectivo denuncio ante la Fiscalía y su caso es remitido al Gaula Caquetá, por ser el sitio donde recibe las amenazas.
Luego le colocaron protección policial por tres meses, y las autoridades solo fueron dos veces a realizarle la respectiva ronda, expresa la víctima.
“Posteriormente, me hacen llamadas telefónicas. Ellos me piden que haga presencia al lugar donde ellos se encuentran, lo que quieren es aclarar, si soy informante de las autoridades policiales y militares”, agregó Armando.
