La Fiscalía General de la Nación expresó su rechazo ante el acto de retención ilegal perpetrado contra dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), identificados como Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rene Rivera Fernández.
El llamado de la Fiscalía es claro y contundente: se exige el respeto absoluto por la vida y la integridad de estos dos defensores de la justicia, así como su inmediata liberación.
Los hechos que conmocionaron a la opinión pública tuvieron lugar al mediodía del viernes 19 de abril, cuando los mencionados funcionarios se dirigían de regreso a la Seccional Cauca, en Popayán, y fueron secuestrados en una zona rural del Dominguillo, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao.
La información en poder de la Fiscalía General de la Nación apunta a que las víctimas fueron retenidas por individuos armados pertenecientes a las disidencias de las FARC, específicamente al grupo conocido como Gaor Dagoberto Ramos.
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La confirmación oficial llegó a través de un comunicado emitido por los propios disidentes, quienes declararon: «En Santander de Quilichao, en un punto de control y registro del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, fueron sorprendidos transitando dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La ruptura del cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado que transitan dentro de las áreas que están bajo el control político y militar de las Farc -EP».
Además, según la versión de los disidentes, en el momento de la retención se encontraron en posesión de los funcionarios del CTI dos armas junto con su respectiva munición, así como dispositivos electrónicos utilizados para la recopilación de información.
Sin embargo, los responsables de este acto afirmaron que los servidores del CTI y su acompañante «se encuentran en buen estado de salud«, añadiendo que esperan que «a través de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación.
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