POR: JORGE ELISEO CABRERA CAICEDO
Si, volví a sentir dolor de patria al ver como humildes policías en el centro de Bogotá recibían garrote y piedra por parte de un grupo de indígenas sin que hubiera una respuesta de la fuerza pública, ante la absurda orden de “la autoridad” de no responder la agresión.
¿En dónde están los llamados defensores de los derechos humanos que no han protestado por los 14 uniformados y 8 gestores de convivencia heridos? Un agente de policía manifestó: si no hubiera sido por el casco bien ajustado, seguramente hubiera fallecido.
“La autoridad”, en lugar de lamentar y condenar los hechos ocurridos, debería rectificar la errónea directriz a las fuerzas del orden de no actuar, que les permita salvaguardar sus propias vidas, y proteger la destrucción de bienes públicos y privados durante las mal llamadas “protestas pacíficas” de encapuchados violadores de la ley y del orden público. De ninguna manera podremos estar de acuerdo con el indulto que se pretende conceder a quienes han violado las normas que nos rigen. No faltaría sino la derogación de todo el código penal.
De otro lado, se conoció esta semana por parte de Invamer, la firma encuestadora de mayor prestigio y confiabilidad del país, el resultado de la encuesta que muestra una desaprobación del presidente Petro, entre agosto y octubre, del 20% al 40% de la población, y un descenso de la aprobación del 56% al 46%. Se esfumó la sensación inicial de cambio. El desempleo y la economía constituyen la mayor preocupación de los colombianos (41%), la corrupción (18%), orden público y seguridad (16%), otros (15%). Sobre la pregunta de ¿Cómo van las cosas en Colombia?: Mejorando 22%, Empeorando 64%.
Los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín también resultaron muy mal librados: Claudia López (Bogotá) aprobación del 34%, y desaprobación del 64%; Jorge Iván Ospina (Cali) con aprobación del 21% y desaprobación del 75%; Daniel Quintero (Medellín), con una aprobación del 45% y desaprobación del 51%.
Merece destacarse también el pronunciamiento público de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de petróleo, gas y energía que agrupa las 144 empresas del sector, expresando la grave preocupación de los afiliados, sus trabajadores y familias frente a la reforma tributaria, especialmente en lo relacionado con el empleo de cerca de 650.000 colombianos, las inversiones de las empresas petroleras (5.200 millones de dólares al año), el riesgo para la seguridad energética del país, el aumento del costo de vida para los colombianos (tarifas servicios), el freno a las regalías para las regiones, el impacto para los 250.000 accionistas minoritarios de Ecopetrol y de los fondos de pensiones, la inestabilidad macroeconómica del país, y la afectación de las inversiones de las compañías de exploración y producción.
