No la tiene fácil el presidente Duque con el último presupuesto que ejecutará durante el año 2022 con el cual se acaba el período de gobierno, con el sol a la espalda, un año electoral, pospandemia, y cuyo proyecto debe presentar al Congreso dentro de los primeros diez días de la legislatura que empieza el próximo 20 de julio.
Desde marzo del año pasado todo ha resultado difícil en materia de ingresos y gastos públicos como consecuencia de la recesión en todos los sectores de la economía, y las tasas de desempleo que según el DANE para el mes de mayo pasado fue de 15,6% equivalente a 3,7 millones de personas sin trabajo aproximadamente.
¡Eso es mucha gente!
El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el gobierno al Congreso, que es una especie de hoja de ruta para los años 2021 y 2022, ratifica lo dicho porque muestra que el déficit fiscal aumentó de manera significativa en tres veces al pasar de 2,5 % a 7,8 % como proporción del PIB, lo que hace inferir que la diferencia resultante de 5,3 puntos porcentuales está representada en las decisiones que tomó el gobierno aumentando el nivel de endeudamiento de 50,3 % del PIB a 64,7 %.
Sin embargo, ante la situación social que vive el país por la emergencia sanitaria, se verá abocado a tener que aumentar el gasto para resolver las necesidades de la gente, y así lo reconoce el MFMP al expresar que el déficit fiscal subirá a 8,6 % porque tendrá que atender, entre otras cosas, la cadena de subsidios que existen: familias en acción, ingreso solidario, jóvenes en acción, adulto mayor, matrícula cero, subsidio de vivienda, devolución del IVA, en fin, una cantidad de recursos que se entregan a la población vulnerable, pero que no enseñan a pescar sino que entregan el pescado.
En todo caso, y siguiendo con el MFMP como fuente de información, los ingresos para el presupuesto del 2022 están previstos en $194 billones, incluyendo la venta de la propiedad de algunas empresas.
Pero la dificultad está en la cuantificación de los gastos, porque están calculados en $277,5 billones atendiendo el mandato del artículo 347 de la Constitución en el sentido de que “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva”, con lo cual se concluye que hacen falta $83,5 billones.
Es decir, la reforma tributaria es inevitable, pero es un tema delicado si se tiene en cuenta que este fue el detonante del paro nacional y que los promotores tomaron como excusa para voltear el país patas arriba, destruyendo todo cuanto encontraron a su paso.
El texto del mismo artículo 347 de la Constitución establece que “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”, es decir, todo hace prever que al Congreso llegarán dos proyectos de ley en forma simultánea: el presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria.
Y empezar a pensar si con esto volverán a voltear el país patas arriba, destruyendo todo cuanto encuentren a su paso.
A las necesidades de gasto social hay que agregar el costo de la voracidad burocrática del gobierno y del Congreso que aumentaron los cargos en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, Fiscalía, Contraloría, además de los privilegios económicos de los congresistas y magistrados de altas cortes y en general de la rama judicial.
Burocracia y privilegios exagerados e inútiles que no producen ningún resultado, y tampoco generan nada en el desarrollo del país ni en la solución de los problemas de la gente.
Todo esto lleva a pensar que cada vez se hace más urgente revisar la estructura del Estado para concentrar y simplificar una cantidad de funciones de varias entidades. Burocracia inicua.
No la tiene fácil el presidente Duque.
