Se siguen presentando situaciones desconcertantes en las diferentes decisiones judiciales contra los actores delincuenciales, que diariamente están reincidiendo y con lo cual están afectando el bienestar de las familias colombianas. Para una democracia, la existencia de un aparato de justicia justo, transparente y eficiente es un asunto de elemental supervivencia. La certeza de contar con un sistema legal que garantice la resolución de las diferencias sin más miramientos que los escritos en la Constitución y la Ley es una de esas bases que permiten que las sociedades y las naciones sigan adelante. En el Índice de Estado de Derecho de Word Justice Project, Colombia ocupa el puesto 77 entre 128 países, lo que es solo la punta del iceberg de las reformas pendientes que necesita el país en materia de justicia penal.
La fuerza pública logra aprender a los delincuentes que cometen actos delincuenciales y se los entregan al aparato judicial para que sean procesados. Pero lo triste para la sociedad colombiana, es que días después los ven deambular libremente por las calles de las ciudades, preparando sus próximas fechorías. Inclusive se burlan de los agentes del orden.
Las cifras hablan por sí solas: Durante 2021, por cada 10 procesos que entraron efectivamente a la rama judicial se evacuaron aproximadamente ocho, los dos restantes terminaron en inventario; por tanto, el sector cerró ese periodo con un inventario total de más de 1,9 millones de procesos. La mora judicial constituye la principal barrera de acceso a la justicia en el país y configura una puerta de entrada al fenómeno de la impunidad. Actualmente, el 74% de los procesos que cursan su trámite en el Sistema Penal Acusatorio es archivado, en mayor medida por imposibilidad de identificar a la víctima o al victimario de la conducta. Es dramático saber que solo 5% de las diligencias en la justicia penal culmina en sentencia judicial. Ojalá haya respuesta pronto a esta problemática, así como una acción eficaz y contundente de la justicia.
Tal es el caso de dos familias huilenses que piden justicia y agilidad en las investigaciones que se adelantan frente a ambos hechos registrados en el pasado mes de abril. Las víctimas en esta oportunidad fueron Roque Alfonso Murcia de 64 años y Carlos Iván Montealegre de 29 años, los cuales, tras su partida dejaron varios vacíos, pero también interrogantes que no han podido ser resueltos por las autoridades competentes. Ya se va a cumplir el primer aniversario de sus muertes y hasta el momento se desconocen el desenlace de sus causas y de sus victimarios. Tras su partida dejaron varios vacíos, pero también interrogantes que no han podido ser resueltos por las autoridades competentes. Así como este, existen centenares de casos, que no han podido definirse.
