Alain Perdomo Herrera
Se legisla por todo y no se reglamenta nada, parece ser la máxima que nos acompañará por mucho tiempo en nuestro país, obedeciendo a un marcado centralismo en el cual resultan favorecidas unas regiones más que otras, por razones cultura, costumbres, clima, idiosincrasia propios de cada región, es una realidad que se vive a diario, con la expectativa puesta en el congreso regule en áreas específicas como son la salud, la familia, vivienda, empleo, impuestos y educación entre otros.
La educación la tenemos como la base fundamental del desarrollo de todos los países, grandes cambios se han visto en aquellos que le han apostado a ese objetivo y los resultados saltan a la vista con un alto nivel de vida; el sector público y privado así lo han entendido, pero como sociedad no hemos encontrado desde la educación la ruta que articule con todos los sectores que rigen la vida en comunidad. El sector rural además de abandonado, sigue teniendo unos niveles precarios de educación, no se avizoran los incentivos para que el campesino no abandone su tierra y que hasta él lleguen todos los servicios y un eficiente servicio en escuelas y colegios. Y no es porque no exista, todo lo contrario, existen programas y diferentes proyectos educacionales en educación sexual, educación inclusiva, de cero a siempre, por citar solamente algunos ejemplos, provistos de un compendio de reglamentaciones que regulan la enseñanza, con títulos muy atractivos, pero que se quedan ahí, en el mero título. Me ocupare de solo uno de ellos, “cátedra de la paz”.
Podemos decir, que la intensión de su implementación obedece al fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, que debe ser dictada en todas las instituciones educativas pública y privadas en todo el territorio nacional, desde preescolar hasta la educación media, con unas características especiales: que es reflexiva y gravita en torno a la convivencia con respeto, obligatoria por mandato constitucional y flexible de acuerdo con las circunstancias académicas, fundamentada en tres ejes temáticos que son: la cultura de la paz, que se entiende como un sentido de vivencia de los valores ciudadanos, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos; en segundo lugar, la educación para la paz se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la construcción de equidad y el respeto por la pluralidad, por último el desarrollo sostenible, que es aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente de la futuras generaciones o utilizarlo en beneficio propio.
Mucho se ha hablado de ello, pero de resultados muy poco, ¿quién responde?, ¿cuál fue la intensión de implementarla?, El órgano legislativo afirmará que cumplió con su función de expedir la ley 1732 de 2014, que por cierto es muy básica; el ejecutivo en su lugar dirá que expidió el decreto reglamentario 1038 de 2015, en el cual direcciona que mencionada cátedra sea dictada con los parámetros establecidos en la ley 115 de 1994, en un contexto económico, social y de memoria histórica, con el fin de reconstruir el tejido social; el ministerio de educación en su rol ordenará a las secretarías de educación, y estas a su vez, a los profesores que cumplan con este proceso porque así está dictado; descargando sobre los docentes de la ciudad, campos y veredas esa gran responsabilidad de contarnos porque es necesaria la “cátedra de la paz” y al destinatario final que es el estudiante, ¿le llegará completo la intensión que tuvo a bien el legislador y el ejecutivo?, nos queda esa inquietud. Menos adjetivos, más verbos.
