DIARIO DEL HUILA, INFORME
Infobae
La organización defensora de los derechos humanos Front Line Defenders dio a conocer en su último Análisis Global de 2020 que, se registraron 331 homicidios de líderes defensores “por llevar a cabo su labor pacífica de derechos humanos”. Asimismo, señala que en la medida que se sigan verificando los casos, se espera que el número aumente.
“El 69% de los muertos trabajaba en la tierra, en defensa del medio ambiente o por los derechos de los pueblos indígenas. Solo Colombia representó 177 o 53% de los asesinatos”, sostiene un aparte del informe.
De acuerdo con el informe, el mayor porcentaje de asesinatos que se presentaron el año pasado fueron de personas que desempeñaban labores relacionadas con la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ.
Los datos señalan que, del total de casos registrados, además de los 177 que se presentaron en Colombia, en Filipinas ocurrieron 25 asesinatos, en Honduras 20, en México 19, en Afganistán 17, en Brasil 16, en Guatemala 15 y en Perú 8.
“El asesinato de DDH continuó sin cesar y, en algunos países, los asesinos aprovecharon los encierros para atacar defensores cuyas estrategias de seguridad habrían implicado previamente cambios frecuentes de ubicación”, señala el informe de Front Line Defenders, que destaca que esto permitió que los atacantes, “a menudo vinculados o en connivencia con las fuerzas policiales o militares” y “la naturaleza securitizada de la respuesta COVID-19 en muchos países”, sembraran las bases para que se facilitara aún más el acceso a los defensores, “dado el aumento de la presencia policial y militar”.
En el mismo sentido, señala que “el 2020 fue testigo de otro aumento en el nivel de violencia dirigida contra DDH (Defensores de los Derechos Humanos) en Colombia”, refiriéndose particularmente a “quienes participan en la implementación del proceso de paz e iniciativas voluntarias de sustitución de cultivos de drogas o los que se oponen a la extracción de recursos naturales”.
De acuerdo con la organización, los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia no cesaron durante los períodos de encierro, “con al menos 14 asesinatos registrados en marzo, 13 en abril y 15 en mayo”.
Durante la pandemia de covid-19, los defensores no solo se vieron expuestos a los riesgos cotidianos a los que se enfrentan por su labor y al virus SARS-CoV-2, sino también a la presión de los gobiernos por controlar el flujo de información.
Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores de Colombia, habló con Mongay Latam sobre el efecto que causó la pandemia, y aseguró que esta hizo que fuera más notorio el abandono estatal, haciendo además que “las medidas de aislamiento convirtieron a los líderes en personas fáciles de identificar”.
“En muchos territorios, el control de la pandemia lo ejercían los grupos armados ilegales a través del miedo y las amenazas, y los defensores tenían que estar encerrados en sus casas, lo que hizo que quedaran en mayor riesgo. Gran cantidad de los asesinatos que nosotros verificamos fueron cometidos en las casas de los defensores o cerca de ellas”, señala Muñoz en el portal informativo.
El informe manifiesta su preocupación por las cifras registradas que dejan ver las comunidades afectadas.
Comunidades en riesgo
El informe manifiesta su preocupación por las cifras registradas que dejan ver las comunidades afectadas, aún más, cuando de acuerdo con Mongabay Latam, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) “ha hecho énfasis en que la pérdida de biodiversidad podría poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial y las comunidades indígenas juegan un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas”.
Esto, haciendo referencia al grave riesgo que determinan las cifras, pues detallan que “desde el 2017, Front Line Defenders ha registrado 327 asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo”.
Somos Defensores coincide en que esta labor de liderazgo es la amenazada, “por los menos en Colombia”, atribuyendo la razón a que son personas que están en los territorios y “se interponen en el camino de distintos actores que tienen, principalmente, grandes intereses económicos, como sectores empresariales y grupos ilegales”.
Muñoz asegura también que, en cuanto a agresiones a líderes defensores, se presume que hay un subregistro en las cifras, dado que muchas organizaciones encargadas de registrar este tipo de violaciones a los derechos humanos no pudieron hacer monitoreo en los territorios, por lo que señala que “sí hubo agresiones, pero no se registraron todas”.
