Por: Juan Pablo Liévano
El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el aborto nos lleva a reflexionar sobre nuestro concepto de humanidad y el país que queremos. El aborto no es un asunto pacífico, ni sencillo de resolver; es realmente complicado pues además de las consideraciones de salud pública, enfrenta valores y principios que enmarcan nuestro entendimiento del ser humano y nuestra propia humanidad. Para el caso concreto, podríamos mencionar el respeto a la vida y los derechos de los demás, la libertad, el amor, la responsabilidad y la solidaridad. Así, en la medida en que avanzamos como individuos y sociedad, deberíamos ser mucho más conscientes de los valores y principios y lo que ellos implican, en especial el ejercicio de la libertad y el respeto a la vida. Por eso, respecto al aborto, encontramos de un lado los derechos de las mujeres, en ejercicio de su libertad, a ser dueñas de su destino y su cuerpo; pero, por otro lado, tenemos los derechos de quienes están por nacer y de aquel padre responsable y presente. ¿Cómo hacer el balance que armonice los principios y valores? Muy difícil. Sin embargo, la Corte Constitucional ya lo había hecho, estableciendo tres posibilidades de aborto como derecho fundamental. No obstante, ahora retoma el asunto y decide que el delito de aborto, que protegía al que está por nacer, es exequible, siempre y cuando el aborto ocurra después de la semana 24 de gestación y aplicando las tres causales sin límite temporal. Surgen varias preguntas. En primer lugar, si el balance de los derechos es adecuado. Para algunos, la vida y los derechos de quien está por nacer deben respetarse como un imperativo categórico desde el momento mismo de la concepción. Para otros, priman las libertades y la libre decisión de la mujer e, incluso, que el padre nada tiene que decir y opinar. Para algunos otros, existiría una posición intermedia, basada en el tiempo de gestación. Lo que sí es cierto, independientemente de la posición que cada cual tome, es que la Corte trazó una línea desproporcionada. 24 semanas es demasiado. El feto está muy desarrollado en ese momento y los derechos de la criatura, ya formada, están siendo abusivamente vulnerados. Tal vez un tiempo menor, más corto, aun cuando no sea ideal para muchos, sería razonable en términos del balance de derechos y de la salud pública. En segundo lugar, si la Corte debe pronunciarse y decidir sobre ello. Para muchos, ese tipo de políticas y decisiones corresponden exclusivamente al Congreso de la República, como órgano de representación popular, que debe trazar los derroteros y líneas del país que queremos. Todavía hay mucha tela por cortar en esta discusión y decisión de política pública. Todos nosotros deberíamos meditar sobre el concepto de humanidad y el país que queremos, lo que nos importa como seres humanos, nuestros valores de respeto a la vida y los derechos de los demás, la libertad, el amor, la responsabilidad y la solidaridad, para así poder contar con un balance de valores y principios mucho más adecuado y razonable.