Por: Carlos Tobar
En los últimos meses, todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el departamento del Huila, hemos visto con preocupación el incremento significativo en los recibos de los valores a pagar mensualmente. Son verdaderamente escandalosos. Peor aún: impagables. La queja es generalizada en todos los estratos y sectores.
Expliquemos el tema en palabras de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos: “Luego de treinta años de expedición de la ley 142 de 1994, la crisis en que nos encontramos los usuarios de los servicios por las altísimas tarifas que debemos pagar no tiene parangón y paralelamente crece el desempleo, la informalidad, el hambre y la quiebra de la producción agraria e industrial. Sin tener en cuenta esta situación social y económica de quienes pagamos los servicios, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, en plena consonancia con la orientación del gobierno nacional, expidió la resolución 101 028 de noviembre 24 de 2023, mediante la cual traslada a la fórmula tarifaria, la obligación a todos los usuarios, el pago de la astronómica cifra de 6 billones, saldos por exagerados aumentos de la rentabilidad de generadores, distribuidores y comercializadores de energía. Como lo reconoce oficialmente la Resolución CREG 168 de 2008, que estableció una “opción tarifaria”, “con el objeto de moderar alzas abruptas en la tarifa”.
La crisis para los usuarios por baja cobertura y mala calidad de la prestación del servicio los aqueja desde cuando se impuso el modelo de privatización y alta rentabilidad para los inversionistas del sector.
En el servicio de energía poco hemos mejorado en los indicadores de frecuencia y duración de las suspensiones del servicio, pues el promedio nacional de duración de éstas es de 28.84 horas y 20.21 veces, cifras del 2022 superiores a las del 2021. La explicación tiene que ver con la obsolescencia de las redes por la nula inversión en las mismas. Problemas que para garantizar derechos perdurables solo puede atenderse con el aval del presupuesto nacional.
El pasado 7 de diciembre de 2023 informó el DANE la variación mensual del IPC de electricidad del mes de noviembre: promedio nacional 5,89%.”
Reafirmémoslo: El cobro diferido de las tarifas a través del mecanismo de Opción Tarifaria, originado en la Pandemia y agudizado en años sucesivos por la incapacidad de pago de los usuarios que, ahora el gobierno nacional ha autorizado cobrar a los comercializadores (v.gr. Electrificadora del Huila), durante los próximos meses, está disparando el costo de los recibos. Se suma a ese fenómeno, el incremento extraordinario de los precios de venta de los generadores que se han más que duplicado durante el último año; así como, el incremento del costo de distribución por obsolescencia de las redes de media y baja tensión que, además, incrementa el nivel de pérdidas del sistema. Para completar el cuadro, la Electrificadora del Huila ha presentado deficiencias administrativas que han llevado a errores que se traducen en sobrecostos que impactan las tarifas.
La atención integral del problema, empezando por la revisión del funcionamiento del sistema eléctrico nacional con base en las leyes 142 y 143 de 1994, es un imperativo de la hora.
Neiva, 26 de febrero de 2024
