Ernesto Cardoso Camacho
En el contexto de lo anunciado por el presidente Petro y por sus ministras de Minas y Ambiente, el Estado colombiano debe dirigir sus esfuerzos de política pública del sector minero-energético, hacia la transición que implique sustituir la explotación de minerales fósiles por nuevas fuentes de energía limpia como la eólica y la solar.
En este propósito, el tratado de Escazú que fue suscrito por más de 18 países del área centroamericana y del caribe y por varios países de Suramérica, entre ellos Brasil, Perú y Colombia; sobre el cual el congreso colombiano tramita la ley que ratifica dicho tratado para que, una vez aprobado pase a revisión de la Corte Constitucional y de recibir su aval constitucional; ingrese a nuestro marco jurídico como bloque de constitucionalidad; constituye un elemento normativo que integrará como criterio rector, la próxima política pública anunciada por el actual gobierno.
Cabe señalar que Brasil y Perú, aunque también son suscriptores del Acuerdo aún no lo han ratificado por sus respectivos congresos. Para una breve ilustración de los amables lectores que seguramente no conocen los elementos esenciales del Acuerdo, conviene referirse a los principales criterios que lo inspiran. Por tanto, sus ejes conceptuales centrales se orientan a garantizar el ACCESO A LA INFORMACION – LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA y ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES. No obstante, para el caso colombiano, se le ha querido dar también el enfoque hacia la protección de los líderes ambientalistas y sociales que en los diversos territorios regionales hacen proselitismo ideológico y político con los temas de protección y conservación de los recursos naturales.
La entrada en vigencia para los 12 países que lo han adoptado en su legislación interna se realizó el pasado 22 de abril de 2021, “Día Internacional de la Tierra”, donde participaron ARGENTINA, MEXICO, GUYANA, URUGUAY, BOLIVIA, NICARAGUA, PANAMA y ECUADOR, entre otros. Colombia, Perú y Brasil aún están pendientes de su ratificación.
Como se observa, tales elementos esenciales juegan un papel significativo en lo que será la nueva política del gobierno.
Con relación a los anuncios conocidos ya se sabe con claridad que no habrá nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Así mismo, se prohibirá por ley, el mecanismo del fracking que se utiliza para mejorar la producción de los yacimientos no convencionales. Tampoco se permitirá el uso de glifosato para la fumigación de los cultivos ilícitos en el objetivo de proteger los recursos naturales en los territorios donde se hace su explotación y comercialización.
Por otra parte, el Acuerdo de Escazú tiene un objetivo muy específico que apunta a proteger la riqueza ecosistémica de la biodiversidad marina en la amplia cuenca del caribe; objetivo que impulsa con vigor la dictadura de Nicaragua; y el cual, en el fondo explica en parte las razones por las cuales existe el actual litigio que ha promovido en La Haya contra Colombia, litigio en el cual ya perdimos una demanda y está a punto de decidirse la segunda, complementaria de la primera.
En todo este contexto es que se explica la razón por la cual el propio presiente Petro ordenó a la Cancillería colombiana, no asistir con un representante debidamente acreditado a la sesión plenaria de la OEA; donde se censuró abiertamente el régimen dictatorial de Ortega en Nicaragua; debido a la persistente violación de los Derechos Humanos y a la persecución sistemática a los opositores políticos del régimen que van en creciente aumento.
Esta actitud complaciente del gobierno colombiano con la dictadura de Ortega ha sido motivo de amplio y justificado rechazo, tanto en la comunidad internacional como en el debate interno, motivo por el cual el canciller Leyva deberá comparecer al Congreso a enfrentar el primer debate de censura contra el gobierno Petro.
Desde luego, el trámite en el congreso de la ley aprobatoria del tratado o Acuerdo de Escazú, generará muy amplio debate y las multinacionales petroleras viendo amenazados sus intereses, ya están haciendo intenso lobby hacia los congresistas para que no aprueben la ley ratificadora ni la prohibición del fracking.
Las imprudentes, aunque francas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía de hace pocos días, en el sentido que Colombia se abastecería del petróleo y gas de Venezuela, alborotó el avispero y puso en guardia a las multinacionales para intensificar su lobby en el congreso.
Desde el punto de vista de la defensa y protección de los recursos naturales en el territorio y en la amplia cuenca marina del caribe, el Acuerdo constituye un paso importante de carácter integracionista, aunque su aplicación práctica dependería de los criterios con los que cada país lo ponga en práctica. Para Colombia, ello dependerá del contenido de la ley aprobatoria y de los criterios jurídicos que llegue a adoptar la Corte en su eventual examen de exequibilidad de la ley.
