ERNESTO CARDOSO CAMACHO
El aforismo según el cual; » el tiempo es el mejor juez de las acciones humanas» que ha servido precisamente para que los historiadores y comentaristas de los sucesos políticos puedan realizar sus valoraciones y juicios con suficiente certeza o probabilidad de acierto; permite afirmar que el Acuerdo de Paz suscrito entre Santos y las Farc, siendo plausibles sus motivaciones, no contribuyó eficazmente al logro de tan publicitada paz.
La plena prueba de esta dolorosa realidad la apreciamos diariamente con los hechos que publican los medios y que se atribuyen a las luchas por el control territorial de los más de 20 grupos armados ilegales que explotan la minería y el narcotráfico.
Sin duda alguna hubo una importante desmovilización de combatientes y una entrega de armas que dejó muchos interrogantes, lo que se parece más a un armisticio que a un acuerdo de paz para superar la violencia armada, no obstante que el pueblo o la población civil nunca fue beligerante pero si la víctima.
Por otra parte, la inclusión de tal Acuerdo en la Constitución como Marco Jurídico para la Paz, a pesar de haber sido rechazado por el pueblo en el plebiscito e incorporado a la Carta con una simple proposición del Congreso; constituye una aberrante precedencia que; validada por la Corte Constitucional más por conveniencia política que por justificación jurídica, le esta abriendo hoy el camino a la Paz Total del presiente Petro.
El premio otorgado por la sociedad a la cúpula del grupo insurgente ha sido demasiado generoso, si se le compara con los beneficios para superar el conflicto armado, la violencia y la criminalidad de la minería ilegal y el narcotráfico. Curules gatis en el Congreso; emisoras para difundir sus consignas ideológicas y políticas; financiación estatal para los desmovilizados; formalización legal de grandes propiedades rurales obtenidas a sangre y fuego; becas, protección con carros blindados y escoltas; apropiación de entidades públicas improtantes como la Agencia Nacionalde Protección, etc.
Pero sin duda el premio mayor lo constituye la Justicia Especial para la Paz-JEP-, sistema de justicia paralelo al de la institucionalidad colombiana; organismo de muy alto costo en su funcionamiento burocrático y dirigido a estigmatizar a quienes combatieron a las Farc con armas o sin ellas; pero sobretodo a encubrir delitos de lesa humanidad que pertenecen a la competencia de la Corte Penal Internacional, los cuales no son prescriptibles y castigados de manera ejemplar.
Esta afirmación tiene fundamento en varios aspectos y circunstancias. Luego de 7 años, no se conocen sentencias que definan responsabilidades de quienes integraron la cúpula que hoy disfruta a sus anchas de los privilegios del Congreso. Pero aun más grave. Desde allí han sentado cátedra de ética y moral pública, estimulando valores y principios que se corresponden más con la dictadura de Maduro que con los de la democracia.
La mayor muestra del cinismo de los Magistrados de la Jep desde la instigación de sus inspiradores, no ha sido solamente para enjuiciar y condenar a sus contradictores políticos e ideológicos; si no en el claro objetivo de condenar a los militares que los combatieron durante el conflicto, bajo el prurito de los falsos positivos. Y en esa perversa labor ha sido de gran valor estratégico la llamada Comisión de la Verdad, dirigida por el jesuita De Roux quien con gran eficacia ha realizado su tarea.
Es tal el contenido de la perversidad con la cual ha ejercido su función la Jep que acaba de declarar al paramilitar Mancuso como sujeto de su competencia; pero no como paramilitar responsable de horrendos crímenes de lesa humanidad; si no como militar, es decir, lo asimila a los miembros de las fuerzas militares con el claro propósito de utilizarlo como testigo contra militares y policías, pero también contra las figuras políticas que han sido contradictores de las Farc como es el caso del expresidente Uribe.
Mientras todo esto ocurre, el presidente Petro arrecia sus mensajes del populismo demagógico, buscando acrecentar la lucha de clases y prometiendo premiar a los delincuentes y criminales con su propuesta de reforma al sistema de justicia, donde lo importante no será el castigo ejemplar, si no la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas. Y cabe entonces preguntarse. Se refiere a la misma verdad que hoy nos han diagnosticado desde la Jep y la Comisión de la Verdad? O a la reparación de las víctimas que según sus propias palabras ha fracasado luego del Acuerdo de Santos?
Poco a poco, pero sin pausa, vamos descubriendo las orejas del lobo escondidas tras las promesas del cambio.
