En un contexto económico desafiante, el número de empresas colombianas que buscan amparo bajo la Ley de Insolvencia ha experimentado un alarmante aumento del 147% en la última década, según datos revelados por la Superintendencia de Sociedades.
Hasta diciembre de 2023, más de 4.400 empresas han optado por acogerse a la Ley 1116 en un esfuerzo por negociar acuerdos con sus acreedores y así preservar sus operaciones.
Este incremento significativo en las solicitudes de reorganización empresarial ha levantado preocupaciones sobre la salud financiera del tejido empresarial colombiano. Aunque el 0.4% puede parecer una fracción modesta, es crucial tener en cuenta que cerca de 200.000 empleos dependen de estas unidades productivas.
Un análisis detallado revela una tendencia marcada durante la pandemia. En 2020, con el impacto económico devastador del confinamiento, se registraron 1.292 solicitudes de reorganización. Aunque en 2021 y 2022 se observaron disminuciones leves del 8% y 6% respectivamente, el año 2023 trajo consigo un aumento del 10%, totalizando 1.420 solicitudes.
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Oscar Manco, CEO de Trust Investment, destacó que el año 2023 fue particularmente desafiante, con una disminución sostenida en los ingresos y una reticencia de las empresas a invertir. «Muchas empresas se han visto obligadas a reducir su fuerza laboral ante una base de ingresos en declive», señaló.
El sector de servicios ha sido especialmente afectado, representando aproximadamente el 40% de las solicitudes. «Las empresas de servicios, aunque operan con costos relativamente bajos, son especialmente vulnerables a cualquier disminución en los ingresos, lo que puede generar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras», explicó Manco.
Ante este panorama preocupante, los líderes empresariales y las autoridades gubernamentales se enfrentan al desafío de implementar medidas efectivas para apoyar la recuperación económica y garantizar la viabilidad a largo plazo de las empresas colombianas.
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