Por: Ernesto Cardoso Camacho
Estamos muy próximos a registrar la mitad del período presidencial de Petro, del cual el último año el propio presidente ha estado denunciando un presunto golpe blando de la derecha para sacarlo del poder; anunciando como reacción el acudir al constituyente primario convocándolo a las calles para neutralizar el presunto golpe blando y de paso afianzar el apoyo popular a su gobierno.
El trámite legislativo de sus principales reformas legales sufrieron varios tropiezos por cuanto no pudo consolidar las mayorías suficientes, luego de haber roto la coalición de partidos de gobierno y del incipiente apoyo de la bancada liberal, la más numerosa de la Cámara. Por tanto, tuvo que acudir al experimentado excongresista de origen liberal Luis Fernando Velasco, para que asumiera la cartera política desde donde tradicionalmente se manejan las relaciones del gobierno con el congreso.
Velasco, puntal importante de su campaña electoral quien tuvo fugaz militancia en el M 19, asumió el papel de contradictor del expresidente Gaviria para acercar buena parte de la militancia liberal a la campaña petrista, razón por la cual, ante las debilidades del gobierno en el congreso, lo llamó a ocupar dicha cartera para asegurar las anheladas mayorías.
Los hechos ocurridos con posterioridad, demuestran que este movimiento en el tablero del ajedrez político, le dio buenos resultados al presidente, pues logró consolidar las mayorías de la Cámara y avanzó notablemente en la repartija individual de la mermelada en el senado.
Con su eficiente gestión política acompañada de abundante mermelada, Velasco logró sacar adelante la reforma de salud, la más polémica de todas.
De igual manera, Velasco y el equipo ministerial, lograron avances muy importantes en las otras dos reformas cruciales para el gobierno, hasta obtener la aprobación final de la pensional, y aprobación de la laboral en la comisión séptima de la Cámara, en el primero de los cuatro debates reglamentarios.
Este breve relato de cómo ha sido la relación institucional entre el ejecutivo y el legislativo en estos dos primeros años del gobierno Petro, permite varias conclusiones.
La primera, que tal relación histórica se ha caracterizado por la preminencia del ejecutivo sobre los congresistas, dado el exagerado poder de aquél derivado del sistema presidencialista plasmado en el sistema político y constitucional vigente. Al efecto hay que recordar que, como la iniciativa legislativa es compartida, la del gasto público es privativa del ejecutivo, hecho que le otorga al presidente la capacidad de otorgar lo que ahora se llama mermelada, pero que anteriormente fueron los auxilios parlamentarios y después mutaron a cupos indicativos en el presupuesto nacional, fuente primaria del clientelismo y la corrupción.
La segunda, que el sistema constitucional de partidos de gobierno, independientes y de oposición; es una falacia en la medida en que lo único responsable en un sistema democrático de pesos y contrapesos, en donde existan solamente los de gobierno y los de oposición; pues como lo hemos visto y sufrido, los independientes se dedican a chantajear al gobierno en cada proyecto de ley o de acto legislativo que deba tramitarse en el congreso.
La tercera, que el estilo populista y autocrático del presidente Petro con el cual ha fustigado sistemáticamente a los partidos y a la clase dirigente, encasillándolos en la extrema derecha causante de todas las desgracias del país, ha alejado la posibilidad política de acuerdos y consensos que unan a los colombianos en torno a sus principales objetivos de progreso y bienestar.
En estas circunstancias, nos encontramos ahora frente a una realidad inocultable.
Después de tanto insistir en el golpe blando y en apelar al poder constituyente del pueblo; los pavorosos hechos de corrupción que acorralan hoy al gobierno por los sobornos que investigan la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ocurridos en la gestión del organismo del Estado adscrito a la presidencia, destinado a la atención y prevención de desastres naturales; se están convirtiendo en el verdadero autogolpe ético y moral que compromete la permanencia de ministros, consejera presidencial y altos funcionarios como el Director de Inteligencia, el Director de la Función Pública; el embajador en la Argentina y otros que aún están en capilla, además de los hoy expresidentes de Senado y Cámara, donde al parecer compraron los votos necesarios de varios congresistas para garantizar la aprobación de los proyectos del gobierno.
Con estos hechos vergonzosos y condenables; la galopante inseguridad causada por grupos criminales que asesinan lideres sociales y al tiempo se sientan en mesas de conversación de paz total; la delincuencia común desbordada en pueblos y ciudades al tiempo que la fuerza pública se encuentra maniatada; los altísimos niveles de impunidad; en un contexto de manifiesta debilidad fiscal y de sistemática crisis económica, el presidente y su gobierno se enfrentan a su peor momento en el ejercicio del poder, lo que permite aseverar sin tapujos, que se está generando el autogolpe político que tanto temía el presidente.
Pero no proviene de la derecha que tanto estigmatiza si no de su manifiesta incapacidad de gobernar y de la corrupción que destruye los cimientos de su gobierno.
