Ernesto Cardoso Camacho
En la columna de la semana pasada el tema era el de las dificultades jurídicas y sociales de la paz total. Los argumentos han sido abundantes para señalar además de los aspectos constitucionales y legales, el de la conveniencia.
Respecto de los primeros, una gran mayoría de juristas, columnistas y analistas han considerado la necesidad de respetar el ordenamiento jurídico con relación al principio de la separación de poderes; indispensable para el sano ejercicio de la democracia, en cuanto que; cuando los fiscales y jueces han tomado decisiones amparadas en la ley, el ejecutivo no debe interferirlas dado que ello constituye un rompimiento de dicho equilibrio y amenaza vulnerar los contrapesos en el ejercicio del poder publico.
Al respecto conviene recordar que la constitución señala con precisión y claridad la independencia y autonomía judicial en los artículos 228 y 230.
En relación con el concepto de la conveniencia, es aún más poderoso el argumento. Si bien es cierto la propuesta del gobierno es profundizar los elementos que conduzcan a consolidar la anhelada paz social, no es menos cierto que, los destinatarios o eventuales beneficiarios son personas que ya tienen medida de aseguramiento intramural o incluso llamamiento a juicio, es decir, no existe solamente la imputación si no que ya el proceso penal ha tomado su curso.
Por ello, pretender ordenarles a fiscales y jueces la suspensión de los procesos o la libertad de los detenidos, configuraría la intromisión que lesionaría la autonomía e independencia de la rama judicial, reiteradamente avalada por la jurisprudencia constitucional.
Por lo demás, como muchos ciudadanos lo han entendido, ya proferido el decreto reglamentario donde el gobierno aterriza su propuesta, es evidente que premiar a los delincuentes con decisiones gubernamentales, por fuera de los beneficios consagrados dentro de la legislación penal, fomenta o estimula la actividad criminal. Ello solamente se justificaría dentro del criterio jurídico y legal de un sometimiento a la justicia.
No es discutible que un gobierno elegido mediante el voto popular dentro del sistema democrático, tiene el derecho e incluso la obligación de ejecutar sus promesas electorales, convirtiéndolas en políticas públicas cuyo único fin debe ser el progreso y bienestar de los ciudadanos.
Lo que llama la atención con los anuncios y ejecutorias hasta ahora conocidos, es que en este gobierno cuyo lema ha sido el del cambio, algunas decisiones de gobierno signifiquen un verdadero desafío, no hacia el orden establecido, si no hacia esquemas constitucionales y legales que han promovido la estabilidad institucional acentuando los valores y principios que caracterizan a la sociedad colombiana.
Siguen ahora en turno, las reformas a la salud; la pensional; la del régimen laboral y la política que ya hace tránsito en el congreso, las cuales, por los anuncios conocidos generan incertidumbre, desconfianza y temor en muchos sectores sociales. Curiosamente nada se conoce sobre la inaplazable reforma a la justicia, donde se castigue con severidad y eficacia la criminalidad rampante y la corrupción, dos de las principales urgencias y prioridades nacionales.
El cambio como promesa electoral es válido en la democracia, aunque su consolidación desde el gobierno requiere mesura, sensatez y la mayor dosis de consenso; el cual no se debe generar solamente al interior de la coalición del congreso cuando ella esta soportada en el clientelismo y la mermelada, desconociendo con soberbia a quienes piensan distinto.
