ERNESTO CARDOSO CAMACHO
No hay día en el cual los colombianos no nos enteremos de un nuevo escándalo originado en actos y conductas de corrupción, en los cuales esté involucrado un dirigente político, un alto o mediano funcionario o simplemente una amplia red de abogados que contribuyen a esquilmar los recursos públicos.
Cuando estos ocurren, todos nos asombramos indignados, pero en los días siguientes los nuevos episodios habrán de generarnos un sentimiento de impotencia y resignación. Y así hemos tolerado durante más de 25 años que las mafias de la política, avancen en sus fechorías en contubernio con los organismos encargados de combatirlos, judicializarlos e imponerles ejemplares condenas que como dicen algunos, los saquen de circulación.
Los hechos más recientes como el escándalo de los hijos del presidente y la condena en primera instancia que la Procuraduría le impuso al Alcalde Gorky, demuestran, una vez más, que el cáncer de la corrupción avanza vertiginoso mientras que los organismos creados para evitar su propagación, llegan siempre tarde cuando llegan, pues en muchos casos, la impunidad campea en todos los escenarios de la investigación y el juzgamiento; y finalmente, los corruptos siguen acumulando trofeos de impunidad que exhiben como grandes campeones. Aquí cabe mencionar el caso de la ilustre deportista que en su ministerio otorgó numerosos y millonarios contratos cuando ya había sido notificada de su insubsistencia.
El diagnóstico ha estado claro desde hace muchos años. Lo que no se ha hecho es enfrentar a los corruptos con mecanismos legales eficaces que, por una parte, los condene sin tantas garantías procesales y mediante funcionarios y jueces que honren sus investiduras de guardianes de la moral pública y de los sagrados recursos del presupuesto que se nutre de los impuestos que pagamos los ciudadanos.
La inexorable realidad es que las normas legales establecidas en los códigos que rigen los procedimientos y definen las penas se elaboran en el Congreso. Por otra parte, a los Fiscales y cuerpo técnico de investigación donde también concurre la policía judicial, los designan en muchos casos por recomendaciones o palancas de los congresistas, pues no existe un mecanismo transparente para su vinculación que garantice su total independencia e idoneidad profesional. En la Procuraduría, ya sabemos que los Procuradores Regionales y Provinciales que tienen la misión institucional de investigar y sancionar a los servidores públicos y contratistas, los designan como cuotas de los congresistas que eligen al Procurador General. Lo mismo ocurre con los Contralores Territoriales adscritos a la Contraloría General. Y así sucesivamente, al Contralor Deptal lo eligen los políticos en la respectiva Asamblea y los Concejales designan a los municipales, con maniobras escabrosas de corrupción como ha sucedido en Neiva y otras latitudes.
En este lamentable escenario los jueces y magistrados aplican los procedimientos y las penas establecidos en los Códigos aprobados por los políticos en el Congreso, los cuales están diseñados para estimular la impunidad mediante exageradas garantías a los imputados; términos que no se cumplen; audiencias que se aplazan por inasistencia de los defensores; en fin, estrategias que tienen el claro objetivo de demorar los fallos y generar la impunidad. Por desgracia adicional también en muchos casos se absuelve o condena con cargados sentimientos de amistad o enemistad.
Para colmo de males, desde los procesos políticos justificados en el logro de la paz, como el que ocurrió con la desmovilización de las Farc y de los paramilitares en justicia y paz; el Estado que actúa como representante de la sociedad, ofrece mecanismos generosos de perdón y olvido; rebajas de penas, excarcelaciones, etc; los cuales han contribuido a estimular la delincuencia y la criminalidad.
Tales antecedentes, nefastos para cualquier sociedad que procure derrotar la delincuencia ya sea común o política, esta sirviendo ahora de justificación para que, el gobierno del cambio, libere delincuentes condenados o sujetos a medidas de aseguramiento; proponga una reforma al sistema carcelario que si bien es cierto es necesaria, conducirá a que se incrementen los ya intolerables índices de delincuencia, de violencia e inseguridad.
Ahora la justificación política es la paz total que corre el riesgo de convertirse en la impunidad total.
