Víctor Hugo Rojas Silva, alias ‘El Chavo’, excombatiente de las Farc, estuvo preso más de 25 meses; fue absuelto y pidió una reparación de 600 millones: el Tribunal Administrativo del Huila le negó las pretensiones. Esta es la historia.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez T.
Hace un par de años se escuchó la noticia de la captura de Víctor Hugo Rojas Silva, alias ‘El Chavo’, por pertenecer a una red de espías que pretendía asesinar al excomandante del grupo subversivo Farc, Rodrigo Londoño.
Hoy su nombre volvió a trascender tras una decisión del Tribunal Administrativo del Huila donde le negó su petición de reparación por haber estado preso más de 25 meses, tras endilgársele el delito de rebelión.
Rojas Silva pedía para él y su familia una indemnización superior a los $600 millones, pero esta pretensión se vino al suelo, luego de que el magistrado ponente Enrique Dussán Cabrera, considerara en la sentencia que “la medida de aseguramiento impuesta al señor Víctor Hugo Rojas Silva cumplió con las exigencias de la Ley 906 de 2004 aplicable para la época de los hechos, pues apreciadas las pruebas presentadas por la Fiscalía y valoradas en su conjunto a la luz de la sana crítica, permitían inferir razonablemente, en esa instancia procesal, la presunta comisión de los delitos que se le endilgaban, al menos para el momento en que fue ordenada dicha medida”.
La controversial medida
Y es que la medida de aseguramiento se vio menguada tras la declaratoria en primera y segunda instancia de la inocencia de Rojas Silva. Resulta que el encartado fue privado de su libertad el 28 de octubre de 2011 (como medida cautelar) tras hallársele responsable del delito de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, por los hechos ocurridos en enero del mismo año en el megacolegio de Tello (Huila), donde supuestamente había colaborado en la instalación de un artefacto explosivo.
Por este hecho la Fiscalía lo acusó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Especializado de Neiva, quien el 10 de diciembre de 2013 indicó que el fallo sería absolutorio, por lo que un día después, el 11 de diciembre de 2013, recobra su libertad. El 13 de febrero de 2014 se procede a dar lectura del fallo absolutorio por no existir certeza de su responsabilidad en los hechos investigados. Esta fue confirmada por el Tribunal Superior en octubre de 2014.
Por estos hechos Rojas estuvo injustamente privado de su libertad desde el 31 de octubre de 2011 al 11 de diciembre de 2013; “demostrado así, que el hecho de proferirse sentencia absolutoria a su favor da lugar al daño antijurídico sufrido por este y se encuentra demostrado el primer elemento que configura el título de responsabilidad”.
De acuerdo con la defensa de Rojas, durante este tiempo se causaron perjuicios materiales e inmateriales a las víctimas directas y a sus familiares, quienes sufrieron dolor físico y moral por estas privaciones injustas de su libertad.
La denuncia y la retractación
El Chavo fue denunciado por Andrés Mauricio Paredes Arévalo, quien fue capturado por ser la persona (miliciano) que puso el explosivo -“granada congelada”- en el megacolegio. Además, en su momento denunciaron también a Luz Andrea Gómez Noguera y Libardo Gómez Patiño.
En su momento se pudo demostrar que el 10 de octubre de 2011 se adelantó diligencia de reconocimiento fotográfico y videográfico, en el que el Paredes Arévalo “reconoció en el álbum número uno (1), la imagen número ocho (8) la cual corresponde al señor Víctor Hugo Rojas Silva, porque es uno de los muchachos que compraba las granadas (sic) para la columna Teófilo y le vende las granadas a los milicianos del frente 17, tiene el alias del “CHAVO y en el álbum numero dos (2), reconoce la imagen número dos (2) la cual corresponde al señor Víctor Hugo Rojas Silva, donde a manifestando lo antes expuesto.”
Sin embargo, esta denuncia se convirtió en una retractación en el juicio que benefició a Rojas con la absolución. La situación se dio el 13 de febrero de 2014 en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento, quien profirió sentencia absolutoria a favor del señor Víctor Hugo Rojas Silva, en la que se consigna que en el juicio el señor Andrés Mauricio Paredes Arévalo dijo:
“Estaba detenido desde el 28 de marzo de 2011 por el delito de tentativa de homicidio por hechos ocurridos en el año 2009; que para el mes de enero de 2011 se encontraba viviendo en esta ciudad, y él fue el autor material del atentado al Megacolegio del municipio de Tello (Tiempo: 08:44), que actuó con otro muchacho de la organización llamado “Maicol”, sin recordar fechas, solo que fue de las 12 del mediodía a 2 de la tarde. Ese día salió desde la ciudad de Neiva en un vehículo pagando transporte, llegó al centro de Tello, y se fue a pie con el otro muchacho, fueron y dejaron el artefacto una granada M-26 y se devolvieron otra vez en carro pagando transporte.
En lo que tiene que ver con Rojas Silva, señaló: “Ahora y frente a lo que interesa en este proceso, aseguró que en el atentado al Megacolegio no intervino ninguna otra persona. Que rindió como tres interrogatorios ante la Fiscalía Primera y allí dijo que habían participado en ese hecho Libardo Gómez Patiño, Luz Andrea Gómez Noguera, Víctor Hugo Rojas Silva Y Omar López Chantre, pero, que en esa oportunidad mencionó a estas cuatro personas (Tiempo: 25:20), porque había llegado a un acuerdo con el investigador Jaime Trujillo, y éste le dijo que sabía que él era el autor material del atentado al Megacolegio, pero que lo podía dejar sano, si colaboraba e indicaba que esas otras personas también habían participado, agregando que en la segunda entrevista, el investigador le llevó los nombres de las personas que debía involucrar, que le colaborara en eso, que él le prometía que lo sacaba de esa vaina”. Por esta razón Paredes Arévalo, finalmente se retractó.
Según se supo en su momento, los hechos iniciaron cuando el contratista Gentil Lozano Cruz denunció ante la Fiscalía que el 20 de diciembre del año 2010, cuando trabajaba en el m ega proyecto de Tello, vía telefónica fue coaccionado a pagar el 10 por ciento del valor total de la obra. El sujeto se identificó como ‘Camilo’ y dijo pertenecer al frente 17 de las Farc. Como no pagaron, activaron el explosivo en la obra.
En busca de la reparación
El excombatiente de las Farc, Rojas Silva, no dudó en que el Estado (Fiscalía General de la Nación), le pagara por los daños causados por su privación de su libertad.
Así las cosas, iniciaron el proceso de reparación y obtuvo una sentencia favorable en la que se le reconocían los daños causados y una suma de algo menos de 50 millones de pesos (2019, Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva).
Sin embargo, esta sentencia resultó apelada y en manos del Tribunal, la revocó en razón a que, según su criterio, la Fiscalía actúo “conforme al elemento material probatorio e indicio que sirvió de base para imponer la privación de la libertad, como lo fue la declaración rendida por el único testigo Andrés Mauricio Paredes en donde se señala claramente las características físicas del hoy demandante y quien después procede a reconocerlo a través de fotografías. Circunstancia tal, que para ese momento, permitía inferir que tenía participación en la conducta delictiva, más allá de que al transcurrir el proceso no se pudo comprobar su participación en el mismo, y ello conllevó a que se declarara la absolución del procesado, pues tal y como lo relató el juez penal en la sentencia, la absolución se debió a que si bien el testigo Andrés Mauricio Paredes inicialmente señaló al señor Víctor Hugo Rojas de haber participado en el atentado del Megacolegio en el municipio de Tello, en audiencia de juicio oral se retractó de su dicho indicando que su señalamiento se debió a un acuerdo con un funcionario de la Fiscalía en el que se había comprometido a endilgarle responsabilidad a cambio de beneficios para su condena”.
Pese a esto, la pregunta es: si se probó que la Fiscalía coaccionó al testigo para vincular a Rojas, y luego se probó su inocencia, ¿nadie le va a responder por el daño? ¿Se abre una puerta a la impunidad? Se abre un interesante debate jurídico.
