La decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Huila, de cerrar las termales del municipio de Rivera, ha generado una estocada negativa para la dinámica económica de esta localidad, porque se le corta de tajo al principal soporte de la actividad que genera el fortalecimiento de la demanda agregada de este ente territorial. El sector turístico del departamento está íntimamente ligado al termalismo. Todos los visitantes a la región surcolombiana, acuden a los complejos de piscinas y establecimientos de gastrobares que se han venido desarrollando durante las dos últimas décadas y que han posicionado a estos centros, dentro de los contextos nacional e internacional. No podemos desconocer que esta actividad es la mayor benefactora que contribuye al desarrollo social y económico de este municipio, y por ende para el departamento. Comprendemos las razones jurídicas que condujeron a este fallo judicial. Pero uno de los soportes jurídicos que propusieron los quejosos, fue el riesgo ante una eventual avalancha natural que colocaba en peligro a los usuarios.
Respetuosamente consideramos que los riesgos los tenemos en todos los lados. Lo importante es asumir comportamientos preventivos cuando acudimos a estos centros esparcimiento y de diversión con nuestras familias. Lo que, si es cierto, es que los propietarios deben construir una adecuada infraestructura, con el fin de minimizar cualquier efecto nefasto para el bienestar de los miles de visitantes que buscan estar interrelacionando con los beneficios que nos ofrece la madre naturaleza. Por tal motivo, es importante utilizar los recursos de apelación que nos brinda el Estado Social de Derecho, para lograr que se pueda revertir dicha decisión judicial. Pensamos que hay que pensar en el futuro de las regiones. No le podemos castrar las posibilidades de desarrollo sostenido de las termales. Alrededor de esta actividad se ha venido desarrollando el sector de hotelería y turismo, lo mismo que de los gastrobares. Son impresionantes las filas de vehículos que acuden durante los fines de semana y los periodos de vacaciones. Con dicho fallo judicial, están condenando a la población riverense a la pobreza y al atraso social y económico.
Tal medida ha provocado una movilización masiva de todos los propietarios de estos establecimientos frente al Palacio de Justicia. Igualmente se anuncian protestas sociales de todas las comunidades de esta localidad. Es importante que las autoridades judiciales cuando se vayan a dictar estas medidas fácticas, previamente se deben realizar mesas de trabajo con el fin de buscar la participación y escuchar todas las voces de opinión de los actores que impulsan estas actividades económicas. Hoy en día hay que buscar consensos para encontrar caminos que beneficien a las partes, pero que también que se tomen medidas preventivas que les garanticen la seguridad a todas las personas usuarias y los que intervienen en estas actividades.
