En la Casa de Nariño se llevó a cabo la primera sesión de la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, para combatir uno de los problemas más persistentes del país.
Esta mesa fue creada mediante directiva presidencial por el presidente Gustavo Petro, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la transparencia en todos los niveles de la administración pública.
El encuentro estuvo presidido por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. Ambos líderes enfatizaron la necesidad de un enfoque integral y coordinado para enfrentar la corrupción, especialmente en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial, donde la falta de transparencia ha sido un tema recurrente.
Durante la sesión, se revisó y discutió el reglamento interno de la mesa, un documento fundamental para el funcionamiento eficaz de esta instancia. Se espera que dicho reglamento sea aprobado en la próxima reunión, con el respaldo de todos los miembros. Además, se identificaron las temáticas prioritarias que deberán ser abordadas en el corto plazo, con el objetivo de desarrollar un plan de trabajo que articule las acciones gubernamentales destinadas a reducir la impunidad en los actos de corrupción.
Le puede interesar: Firmantes de paz, estigmatizados y sin empleo
Laura Sarabia destacó en su intervención: «El compromiso del presidente está en combatir la corrupción». La directora del DAPRE subrayó la urgencia de garantizar una mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación, haciendo hincapié en la responsabilidad de las entidades con régimen especial para cumplir con estos estándares.
Un informe presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado detalló los avances en la implementación de la Directiva Presidencial 04 de 2024. Este documento resalta el acompañamiento brindado a las entidades públicas en su rol de víctimas de corrupción, asegurando que estas cuenten con el respaldo necesario en sus procesos de defensa legal.
Andrés Idárraga, por su parte, subrayó la importancia de la colaboración entre todas las entidades nacionales en la lucha contra la corrupción. Como parte de esta estrategia, se exigirá a más de 236 entidades del orden nacional, bajo la dependencia directa del presidente, que en un plazo máximo de 10 días entreguen un informe detallado sobre cualquier alerta o hallazgo relacionado con corrupción en los últimos seis años. Esta medida busca recopilar información crucial sobre posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos.
Así mismo, se pedirá al Departamento Administrativo de la Función Pública un diagnóstico detallado sobre el cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todos los funcionarios públicos. Se emitirán nuevas directrices para asegurar que este requisito se cumpla de manera rigurosa, reforzando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración pública.
Puede leer: ‘Vaca’ para la educación de la hija de Javier Acosta
