Camilo Guzmán S.
Muchos colombianos ven al Estado casi como si fuera “Dios”, creen que es un ser súper poderoso, con recursos ilimitados que puede solucionar todos los problemas. Los políticos, como lo expresé en mi columna de la semana pasada, se aprovechan de esto para hacerse indispensables en la vida de las personas y así garantizar los votos necesarios para su elección. Históricamente políticos de todos los partidos han aumentado el gasto público social para después hacer campaña con los subsidios.
Es importante entonces entender que el Estado no es nada distinto a una administración de un conjunto residencial. Los propietarios, en este caso ciudadanos, deciden que un externo se encargará de algunas tareas básicas para poder garantizar la sana convivencia entre los vecinos y prestar algunos servicios que permiten que puedan vivir mejor. La administración del edificio usa los recursos que pagan los dueños a través de la cuota mensual, de esos recursos paga la seguridad, el mantenimiento y a las personas encargadas de administrar este dinero. En la asamblea cada año los vecinos acuerdan el tipo, calidad y cuantía de los servicios que desean y establecen una cuota para hacerlo, si hay algún tipo de déficit se frena la prestación de los mismos hasta que pueda ser sostenible volverlos a tener. Si los vecinos quieren tener más piscinas, o aumentar el número de ascensores o crecer la cantidad de vigilantes nocturnos tienen que acordarlo y pagar los recursos necesarios para hacerlo.
El Estado funciona exactamente igual, todos los ciudadanos pagamos impuestos para que con ellos pueda proveer servicios y garantizarnos una vida pacífica y civilizada (al menos esto debería ser). Sin embargo, a diferencia de la administración no parece importarnos si el Estado gasta más de lo que gana y haciendo un símil con el conjunto queremos que construya múltiples piscinas, que tenga ascensor para cada piso, que le regale mercados a los vecinos que no pueden pagarlo, que tenga instructores de gimnasio para todos, que tenga vigilantes por apartamento, que provea transporte para ir a trabajar e internet para todos. Pero a diferencia del conjunto nadie quiere pagarlo, a la hora de aprobar una nueva cuota de administración (reforma tributaria) todos se hacen los locos y solo dicen que le cobren al dueño del penthouse. Como el dueño va a preferir dejar el penthouse que pagar una cuota exagerada de administración, rápidamente el conjunto se quedará sin dinero y procederá a endeudarse para poder cubrir el listado de exigencias de sus habitantes, condenando a pagarla a los descendientes de los vecinos actuales.
Este conjunto llamado Colombia, tiene un problema adicional y es que sus propietarios no asisten a la asamblea (no votamos) y dejamos entonces que otros decidan en qué se va a gastar y cuánto hay que pagar.
En conclusión, si queremos que el estado provea la educación, salud “gratis”, seguridad, subsidios, entre otros, tendremos que pagarlo entre todos, entonces a la hora de votar revisemos muy bien que estamos dispuestos a pagar y cuál es la cuota de administración que consideramos justa para todos los habitantes de este conjunto llamado Colombia.
