Han transcurrido cinco años desde la pomposa ceremonia de la firma de la paz entre Santos y las Farc, primero en Cartagena; evento en el cual se despilfarraron cerca de 300 mil millones de pesos contratados con Roberto Prieto hoy condenado por corrupción; y luego en el icónico Teatro Colón; donde se selló el nuevo texto del acuerdo luego de la derrota del SI, irónicamente presagiando que se trataba de una obra de teatro.

La ilegítima inclusión en la constitución del “mejor acuerdo posible” a través de una simple proposición aprobada en el congreso; es quizá el mayor adefesio jurídico que ha alterado la vida institucional de la Nación, arrojando como consecuencia la más aguda polarización política en la ya histórica confrontación partidista que ha caracterizado nuestra vida republicana.

Por otra parte, las diferentes decisiones adoptadas por la Corte Constitucional avalando el ilegítimo acuerdo; han contribuido de manera eficaz en la pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las llamadas altas cortes; donde el sistema judicial afronta la más dura crisis retratada en el “cartel de la toga”; en los muy altos índices de impunidad y en la abrumadora congestión que acumulan los despachos judiciales; circunstancias que estimulan la criminalidad, la delincuencia callejera, la violencia y la inseguridad que hoy azota sin piedad en todas las regiones de la patria.

El funcionamiento lento y selectivo de organismos como la JEP y la Comisión de la Verdad, así como la permanencia beligerante de los comandantes de las Farc en el Congreso; sin que hayan pedido perdón a sus víctimas ni contribuido a su reparación; constituyen sin duda alguna, elementos que han desgastado el anhelo de la paz que sentimos todos los colombianos.

El sainete de la fuga de Santrich, del cual participaron activamente las altas cortes, la JEP y los medios masivos de comunicación; ha sido el mayor despropósito que lleno de indignación y desconfianza a la buena fe con que muchos aún confiaban en alcanzar el logro de la paz.

Por si algo faltara, las recientes revelaciones sobre la autoría de las Farc en el magnicidio de ALVARO GÓMEZ HURTADO, ha sido el puntillazo con el cual se sepultó toda esperanza de encontrar caminos de reconciliación y de sanación de tantas y profundas heridas en el alma nacional.

Adicionalmente la perversa desfinanciación presupuestal de los compromisos adquiridos para la consolidación de los acuerdos también ha contribuido al evidente desgaste del proceso, hecho que, a su vez, ha estimulado las deserciones de los excombatientes hoy calculados en más de cinco mil a quienes se les ha dado el sofisticado nombre de disidentes.

En este aspecto de las deserciones el más contundente ejemplo lo constituye el regreso a las armas de Márquez, romaña, el paisa, gentil duarte etc, quienes acantonados en Venezuela y protegidos por el régimen chavista de Maduro, persisten en sus propósitos del narcoterrorismo que asoló buena parte del territorio nacional.

Por otra parte, la evidente debilidad política del gobierno Duque agravada por el tema de la pandemia, ha potenciado el recrudecimiento de la violencia, del narcotráfico y la fragilidad institucional; escenario en el cual se inicia un nuevo debate electoral cargado de politiquería, clientelismo y corrupción en las huestes de los partidos tradicionales; confrontados por el populismo demagógico de la izquierda radical liderada por Petro y acompañada por los detractores de oficio del uribismo.

En este contexto coyuntural cunden la apatía y el desgano ciudadano, así como el rechazo a la clase política que busca desesperadamente atornillarse en las curules del congreso, para desde allí, proseguir con sus mañas y prebendas para influir en la elección presidencial.

Visto así el escenario, es indudable que el desgaste de la paz negociada por el premio Nobel languidece, más con pena que con gloria.