El Huila se ha convertido en uno de los focos más críticos en términos de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, según informes que revelan una escalofriante cifra de 415 asesinatos entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024 en todo el país. La JEP, evaluó las medidas cautelares.
Diario del Huila, Primer Plano
En una jornada histórica marcada por la gravedad de la situación en el sur de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó una crucial diligencia judicial en el departamento del Huila.
Este evento que tuvo lugar en el municipio de Pitalito, sur del Huila, se llevó a cabo debido a que la región se ha convertido en uno de los focos más críticos en términos de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, según informes que revelan una escalofriante cifra de 415 asesinatos entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024 en todo el país.
De acuerdo con los registros de la JEP, 97 de estos crímenes atroces han tenido lugar en el sur del país. Dentro de esta estadística desgarradora, Huila ocupa un lugar significativo con 15 asesinatos, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la problemática de la seguridad en la región.
La audiencia, liderada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, la magistrada María del Pilar Valencia, y los magistrados Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, tuvo como objetivo examinar la implementación del Programa de Protección Integral a excombatientes.
El presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Gustavo Salazar, expresó con contundencia su descontento por la situación actual: «Hoy no deberíamos estar aquí, esta audiencia muestra que se ha fallado gravemente en la implementación del Acuerdo de Paz y que esa falla apunta al corazón del deber fundamental del Estado». Salazar destacó que el examen no está dirigido solo a la JEP, sino al Gobierno Nacional, tanto a la administración anterior como a la actual, señalando la falta de citaciones continuas para recordarles el cumplimiento de sus deberes.
En su intervención, el magistrado Salazar subrayó que los firmantes del Acuerdo de Paz son ciudadanos con plenos derechos y merecen una protección especial para preservar sus vidas y facilitar su reincorporación a la sociedad. Además, hizo referencia a la grave situación durante el gobierno del presidente Duque en 2020, cuando se registraron 82 asesinatos de firmantes, una situación que, según él, la administración de entonces parecía no querer reconocer en su total gravedad.
A lo largo del proceso, la JEP ha emitido múltiples órdenes, aunque el magistrado Salazar expresó su preocupación por la incertidumbre en los resultados y la persistencia de los crímenes a pesar de la disminución general. «El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta, para eso no son los procesos de paz, los procesos de paz son para traer vida«, enfatizó.
Situación grave
La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, relatora de las medidas cautelares de protección a los firmantes de Paz, señaló que la situación en el sur del país sigue siendo grave, indicando que la seguridad de los firmantes debe entenderse de manera holística. Criticó la falta de implementación del Programa de Protección Integral para Excombatientes por parte del Gobierno Nacional, destacando la necesidad de una arquitectura estructural orientada a desmantelar los grupos paramilitares.
La Corte Constitucional respaldó la preocupación de la JEP al constatar y declarar un estado de cosas inconstitucional debido al bajo cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo. La magistrada Cristina Pardo enfatizó que esto implica una grave y masiva vulneración de los derechos de quienes dejaron las armas con la esperanza de reincorporarse pacíficamente a la vida civil.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó un informe detallado sobre los factores de riesgo para los firmantes del Acuerdo de Paz en Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. El director de la unidad, Giovanni Álvarez Santoyo, identificó tres patrones de riesgo, destacando la importancia de la capacidad institucional para reducir el nivel de riesgo.
Álvarez también señaló el patrón de riesgo relacionado con disputas entre disidentes y rearmados de las antiguas Farc-EP, detallando los enfrentamientos y asesinatos en 22 municipios. Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Vicente del Caguán y La Montañita fueron identificados como municipios con un índice de riesgo más alto.
Política pública
Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, informó sobre la adopción de la Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La estrategia, según Diego Niño de la Secretaría Técnica CIPRAT, se centra en medidas diferenciales para los firmantes del Acuerdo de Paz.
La Defensoría del Pueblo, a través de Ricardo Arias, defensor delegado para la Prevención de Riesgos, alertó sobre la emisión de 29 alertas tempranas en los departamentos bajo estudio, identificando riesgos diferenciales para los firmantes del Acuerdo de Paz en un 60% de los casos.
En respuesta a las preocupaciones planteadas, el vicefiscal general de la Nación, Hernando Toro Parra, afirmó que la Fiscalía y la Unidad Especial de Investigación han priorizado la región con estrategias para impactar fenómenos criminales a través de proyectos investigativos.
‘Línea Vida 103’
La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la implementación de la ‘Línea Vida 103’ y el refuerzo de las comunicaciones a través de la red integrada de telecomunicaciones del Ejército Nacional para mejorar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.
“Esto nos va a permitir conectarnos a nivel nacional, es decir cualquier persona que se encuentre en un AETRC o que se encuentre en cualquier parte del país podrá, en vivo, tener imagen y tendremos su ubicación con exactitud”, dijo el funcionario de la UNP.
Por su parte, el jefe del Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército, mayor general Hugo Alejandro López, reiteró el compromiso de las fuerzas militares con el respeto a la soberanía y la integridad del territorio nacional. Además, se destacaron las acciones llevadas a cabo por el Ejército en jornadas de prevención y no estigmatización de la población en proceso de reincorporación.
Informes operacionales
La audiencia también contó con la presentación de informes operacionales de diferentes divisiones del Ejército, detallando operaciones militares, actividades de prevención y la entrega de personas a la justicia como parte del plan estratégico.
“Hemos realizado 387 jornadas para la prevención y no estigmatización de la población en proceso de reincorporación”, informó el brigadier general José Bertulfo Soto, comandante de la V División del Ejército.
“Hemos entregado 785 hombres a la justicia como resultado de nuestro plan estratégico”, dijo el brigadier general José Bertulfo Soto ante la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP durante la audiencia que se realiza en Pitalito.
Sobre los resultados operacionales del Plan Ayacucho, el brigadier general Miller Vladimir Nossa, comandante de la VI División del Ejército informó: “Hemos realizado 383 operaciones militares interinstitucionales” en las zonas contiguas a los AETCR.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, concluyó la jornada resaltando la importancia de preservar la vida para avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Con 2,406 firmantes en Huila, Putumayo, Caquetá y Tolima, la trágica cifra de 112 asesinados subraya la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección.
Al compartir el informe sobre el progreso en la aplicación de las medidas cautelares dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó que, inicialmente, 512 personas en proceso de reincorporación llegaron a este departamento, y en la actualidad, esa cifra se ha elevado a más de 1,000 individuos.
El magistrado Alejandro Ramelli expresó su descontento ante la ausencia del alto comisionado Otty Patiño en estas audiencias, manifestando: «Considero una falta de respeto no asistir a estos encuentros. Por un lado, manifiestan su compromiso con el Acuerdo y, por otro, ni siquiera participan en una audiencia que guarda relación con este tema».
La audiencia en Huila reveló la alarmante realidad de la falta de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia, especialmente en el sur del país.
Las cifras de asesinatos, los patrones de riesgo identificados y la falta de implementación de programas de protección integral subrayan la urgencia de tomar medidas concretas para salvaguardar las vidas de aquellos que eligieron la paz sobre la violencia.
