DIARIO DEL HUILA, PERIODISMO EN VIVO
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En el municipio de Pitalito, un grupo de señora que por muchos años prestaron sus servicios en el barrido de las calles, con el servicio de aseo público en Empitalito adelantan una protesta desde hace más de ocho días a las afueras de las instalaciones de la alcaldía de Pitalito, actualmente estas mujeres adelantan un proceso jurídico contra la empresa.
Diario del Huila en su habitual programa “Periodismo En Vivo”, dirigido por el periodista Melquisedec Torres dialogó con estas mujeres que durante varios días están haciendo el dinero que les adeudan, junto con ellas se encuentra el abogado Juan Sebastián Falla quien las ha acompañado y asesorado durante todo este proceso.
Una entidad terciaria por medio de Empitalito contrataba a estas mujeres sin el debido pago completo de su seguridad social, de sus salarios, actualmente estas mujeres protestan porque con la llegada del privado de aseo a Pitalito, se estarían realizando acciones no debidas para el desarrollo de estos procesos jurídicos.
“Lo que sucede es que la empresa desde su creación en 1990 hasta finales del 2019 utilizó empresas tercerizadas para contratarla la labor de las barrenderas, inicialmente fue de manera directa pero luego ya se hizo uso de otras entidades, las barrenderas manifiestan que por orden de las Empresas Públicas constituyeron algunas cooperativas de trabajo pero estas cooperativas como lo ha dicho en varios pronunciamientos en Juez Laboral de Pitalito fueron empresas fachadas que se utilizaron para eludir el pago de la responsabilidad laborales que tiene cualquier empresas para con sus trabajadores, entonces lo que están manifiestan ellas es que se les reconozca esos derechos laborales que fueron desconocidos durante el tiempo cuando ellas estuvieron ejerciendo la labor del barrido de las calles”, indicó el abogado representante de las mujeres, Juan Sebastián Falla.
Inicialmente se dio una mesa de concertación donde hacia parte la alcaldía municipal, las Empresas Publicas y las delegadas de las barrenderas, se reunieron en 3 ocasiones, pero siempre tenían que suspenderla porque alguno de los citados no asistía.
“Inicialmente prometieron de que si se iba a conciliar, de que se iba a solucionar el problema, de que habían unas condiciones que habían que cumplirse, se cumplieron esas condiciones, algunos personas tenían prueba de las contrataciones que se le habían hecho por empresas tercerizadas, pero ya luego de las audiencias que se realizaron en el pasado mes de febrero la posición de la Junta Directiva y de Las Empresas Publicas fue de un rotundo no, es decir que se cerraron a la posibilidad de conciliar y entonces ellas se vieron a la obligación por cuarta vez de venir a manifestarse”, expresó el abogado.
A diferencia de las otras ocasiones donde realizaban los plantones a las afueras de la alcaldía de Pitalito, es que esta vez llevan más de ocho días, al agua y al sol esperando una respuesta positiva por parte de estas entidades.
Necesitamos soluciones
Lucy Fajardo, una mujer que durante ocho años trabajó barriendo las calles de Pitalito, contratada inicialmente directamente con Las Empresas Públicas y ya después fue a través de una cooperativa llamada Renacer que ordenó el alcalde de aquella época pide que la actual administración les ayude a resolver esta problemática que lleva hace mucho tiempo.
“Nosotros queremos es que ellos entren en razón, y que más se demoren en el pago, más va a ver detrimento patrimonial para la empresa, lo que nosotros queremos es que se haga un acuerdo y que nos paguen, porque dicho por el propio abogado de la Empresas Públicas en algunas de las reuniones que tuvimos en la alcaldía, que una demanda de estas que hoy le puede representar cinco o diez millones de pesos a las Empresas Públicas, y si esto se deja avanzar y no se resuelve rápido, eso le puede representar 50 o 100 millones de pesos y eso es detrimento patrimonial, si por un lado estamos reclamando lo que nos adeudan, por el otro estamos tratando de defender nuestra empresa, porque nosotros somos parte de la sociedad de Pitalito”, sostuvo Fajardo.
Por otro lado, la señora María Gloria Calderón quien trabajó hasta el año 2016 manifiesta que su salario era de 240 mil pesos mensuales, con horarios de más de 6 horas, trabajando de domingo a domingo sin día de descanso.
“A nosotros nos tocaba trabajar también la Semana Santa, el San Pedro, nos llevaban para Bruselas también, muchas veces cansadas sin haber comido nada, algunas se desmayaban por allá del hambre, y otra cosa también es que por ejemplo nos adeudaban 3 meses y luego nos daban solo 1 mes, y nos seguían debiendo el resto y cada día la deuda iba aumentando, pasaron muchas cosas que quizás la sociedad nunca supo”, dijo la señora María.
Sn más de 15 mujeres que hoy en día esperan a las afueras de la alcaldía una solución pronta por parte de la entidad, pues la mayoría de ellas son mujeres cabeza de hogar y oscilan entre los 60 y 70 años.
Empitalito se pronunció
Diario del Huila consultó con la empresa Empitalito para conocer cuál es la situación por la que están pasando estas mujeres que hoy reclaman un dinero que la entidad les adeuda desde hace mucho tiempo.
“La empresa de servicios públicos domiciliarios, desde el momento de su creación en el año 1989, prácticamente a partir del 1 de enero de 1990, inició la contratación de los servicios de aseo a través de terceros, esto es que la prestación de este se hizo a través de terceras personas. En principio lo contrató los primeros 4 años desde 1990 a 1994 con personas naturales, pero a partir de 1994 y hasta finales del año 2019 estuvo contratando con personas jurídicas, es decir a través de empresas debidamente constituidas legalmente y desde luego con un objeto comercial. Como quiera que el servicio de aseo era implícito a la actividad misional de la empresa, esta podría atendiendo el criterio tercerizar la prestación de ese servicio implicaba en esencia esa modalidad de contratación que el tercero tendría autonomía administrativa y financiera, tanto para la administración de su personal, incluyendo la consecución del mismo como para administrar el dinero que recibía como contraprestación del servicio que prestaban, en ese escenario entre 1994 y el año 2019 existieron múltiples empresas, cooperativas, pre cooperativas, organizaciones, todas estas sin ánimo de lucro o inclusive, unas empresas de carácter comercial, que prestaron ese servicio”, dio a conocer Aldemar Trujillo Motta, abogado y asesor jurídico de la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Pitalito EMPITALITO ESP.
“El argumento que se tiene por parte de la empresa es que ese servicio en particular el de aseo, fue contratado con terceros, que la empresa cumplió con sus obligaciones de carácter económico, esto es el pago por el servicio prestado, que las empresas contratadas tenían autonomía administrativa y financiera. Como consecuencia de ello para la empresa le era improcedente, primero direccionar que personas contrataran, pero mucho menos direccionar el valor que tenía que pagarles, pero de la misma manera el control sobre el pago de las prestaciones sociales lo tenía la empresa tercerizada y no EMPITALITO.”
“No obstante a ello, en cada cuenta de cobro, que se exigió o se le presento a la empresa de servicios públicos para el pago de los servicios, ellos siempre aportaban las planillas de pago de la seguridad social y en las mismas planillas están relacionadas las personas que se suponen trabajaron en los respectivos periodos, cuando se puede advertir que existe una persona incluida dentro de las planillas y precisamente coincide su nombre con la actual reclamante pues nosotros eventualmente siempre le hacemos una propuesta económica, atendiendo el nivel del riesgo que eventualmente se puede generar dentro del trámite del proceso ordinario, pero la situación más difícil se suscita cuando la reclamante hoy no aparece en ningunas de las planillas en el periodo que ellas argumentan haber trabajado con las empresas tercerizadas, eso nos lleva a concluir dos situaciones, la primera es que nunca ha trabajado y que eventualmente la reclamación que está haciendo resulta infundada, situaciones que obligaría a pensar que de pronto ellas están incurriendo en una falsedad en su afirmación y desde luego un fraude a la administración de justicia y concretamente a la empresa de servicios públicos domiciliarios, la segunda situación es que si no aparecen ahí es posible que se haya omitido o deliberadamente por parte de la contratista o algún error de la persona que tenía a cargo el pago de los aportes a la salud, pensión y riesgos de los trabajadores de los contratistas. Pero en uno y otro evento pues el control lo tendría era el contratista y no EMPITALITO ESP.”
“A pesar de esa situación más o menos unos 4 años atrás se ha venido celebrando actos conciliatorios con las personas que han demandado y dentro del trámite del proceso ordinario laboral, existe la oportunidad de hacer propuestas de carácter conciliatorio dentro de las partes, EMPITALITO ESP atendiendo esa particular circunstancia en el trámite de algunos procesos ha realizado propuestas conciliatorias y de ello existen las constancias respectivas en la oficina de tesorería, respecto de las que no se ha podido llegar a ningún acuerdo conciliatorio pues simple y sencillamente, si son favorables a nosotros pues ellos apelan y al contrario cuando son favorables las pretensiones a la parte accionante pues EMPITALITO ESP apela. En cualquiera de los dos eventos el proceso pasa a segunda instancia y concretamente a la sala civil laboral del tribunal superior del distrito judicial del Huila.”
“Esos procesos actualmente unos se encuentran en trámite de segunda instancia y otros están en el juzgado único laboral de Pitalito, hasta la fecha hemos podido atender más o menos unas 80 demandas, no obstante, se afirma por parte de apoderado judicial de las escobitas que hay pendientes todavía más o menos unas 60 reclamaciones adicionales.”
“La gran preocupación que le asiste a la gerencia de EMPITALITO ESP es que por atender de pronto un mecanismo de presión que ellas están realizando a través del pronunciamiento, digamos el paro que se están advirtiendo en las instalaciones del edificio la Chapolera en el municipio de Pitalito, pues nosotros no podríamos llegar a ofrecerles ninguna propuesta conciliatoria si no existe un soporte legal que de alguna manera sustente y que respalde esa propuesta, es decir, la conciliación en temas judiciales y sobre aspectos como los atinentes en nuestra exposición tienen que estar sustentado en material probatorio porque si no es así, pues estaríamos nosotros disponiendo de recursos públicos sin ninguna causa que lo sustente, desde luego que lo justifique.”
“Lo que siempre se ha hablado con ellas en las reiteradas mesas de concertación que se han sostenido es que inician los procesos judiciales, exponga sus pretensiones y se recaude un material probatorio dentro del trámite procesal que le permite eventualmente a la empresa hacer algún ofrecimiento de carácter económico, si ese material probatorio desde luego lo permite, si no es así desde luego la empresa se abstendría de una propuesta conciliatoria y tendríamos que irnos hasta el final del proceso y desde luego asumir las resultas del mismo. De no ser esa la política pues tendríamos nosotros que pensar que se está asumiendo un riesgo innecesario por parte de la gerencia porque los pagos indebidos darían lugar eventualmente a investigaciones de carácter penal, disciplinarias y porque no decirlo, de responsabilidad fiscal, habida cuenta que se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial, si nosotros procedemos hacer derogaciones del patrimonio de la entidad sin ninguna justificación. Ese es más o menos el escenario que eventualmente tendríamos ahora.”
