Los crecientes escándalos por corrupción que se están presentando al interior del gobierno nacional, le está generando al ejecutivo un total desentendimiento para frenar el avance del dominio territorial de las organizaciones terroristas, que están generando un ambiente hostil a las familias colombianas y a los empresarios del país. Los episodios que se están presentando por los ataques demenciales de estos criminales contra los integrantes del ejército nacional son deprimentes. Ya las comunidades presionadas por éstos se han convertido en instrumentos de presión para desalojarlos en las zonas donde antes el Estado hacía presencia. Son humillantes las situaciones con la anuencia del gobierno del cambio, cuando los héroes de la patria son desalojados de sus puestos de mando. En otras ocasiones son masacrados salvajemente como los hechos ocurridos en Argelia Cauca, donde se vieron acorralados y sin que recibieran apoyo de los altos mandos militares oportunamente, fueron asesinados cuatro integrantes de esta institución.
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Igual situación se presentó en el municipio de San Vicente del Caguán cuando algunos integrantes de las disidencias de las Farc le solicitan de frente a un grupo de soldados para que salgan de la zona. En lugar de recibir más respaldo militar, por orden de sus superiores les tocó abandonar la zona con la cabezas agachadas y humilladas para que no fueran masacrados. Es tal el debilitamiento progresivo de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública que se está presentando en el país, que existe la más grande desmotivación por parte de sus integrantes. La fracasada política de la paz total solo ha servido para que estos grupos subversivos se fortalezcan militarmente y el país, continúe sumido en la más profunda desprotección del accionar criminal en algunas regiones del país. Suena a verdad de Perogrullo, pero hay que recordarlo: la prevalencia del bien común, la garantía de unas condiciones mínimas para la convivencia pacífica depende de que sea el Estado y nadie más el que ostente el monopolio de la fuerza en un territorio.
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Frente a estos hechos, preocupa, como lo hemos afirmado en otros editoriales, que la disminución evidente de algunas formas de violencia esté lejos de traducirse en mayor tranquilidad en las regiones con presencia de grupos armados. Esta política fracasada, para muchos colombianos, sigue siendo una promesa y amenaza con convertirse en frustración conforme observan cómo los armados consiguen acumular poder en sus territorios. De ahí el llamado que algunos investigadores han hecho advirtiendo sobre el peligro de apostarle a amainar la violencia solo a través de pactos con estos grupos o de decisiones unilaterales del Gobierno. Esta manera de proceder implica el costo altísimo de permitirles a los ilegales acumular poder en sus zonas de influencia, de consolidarse como amos y señores, a cargo ellos, y no las autoridades, de regular la convivencia.
