Por: Diana Montes
La condición de discapacidad de las personas, ha sido un tema que ha servido para que la sociedad, junto al Estado, reflexionen en torno a la necesidad de darle solución a los problemas que genera en quienes la padecen. La discapacidad en términos generales, es la secuela de una enfermedad genética o adquirida que le impide a la persona desempeñarse en la vida en la forma normal como lo hace el resto de seres humanos. En la solución de estos problemas es donde tiene que estar presente el Estado a nombre de la sociedad y su acción debe orientarse hacia la oferta de apoyos tanto a los discapacitados físicos como a los cognitivos.
La realidad que hemos vivido no es exactamente la esbozada anteriormente, la sociedad ha visto que en las aceras de los pueblos se despliegan los discapacitados implorando misericordia pública y las familias de estas personas han sufrido también limitaciones porque ni la sociedad ni el Estado han podido trazar unas coordenadas que permitan una solución equitativa que abarque la totalidad de esta población desde la más tierna infancia.
El sistema educativo colombiano aún no ha desarrollado programas donde resalte procesos de inclusión y promoción de estas personas.
Las políticas de los municipios, en su desarrollo urbano, han tenido más en cuenta la presencia de los vehículos automotores que la de los seres humanos en condición de discapacidad. Hacen falta andenes y vías apropiados para su circulación, la inclusión curricular de la enseñanza de los sistemas de comunicación indicados para los limitados auditivos y visuales, la adecuación de las instalaciones educativas para que puedan desempeñarse con la solvencia necesaria. En este sentido, nos hemos encontrado con profesores que no tienen cómo solucionar los problemas de comunicación con uno o más estudiantes en condiciones de discapacidad y nadie les da las herramientas necesarias para que el maestro cumpla fielmente con su propósito.
