Por: Jorge Eliseo Cabrera Caicedo
El Presidente Iván Duque, desde septiembre de 2018 en el evento de refugiados migrantes de Venezuela, en presencia del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, expuso la necesidad de un estatuto de protección que permitiera regularizar la presencia en Colombia de los Venezolanos, la cual calificó como “La peor crisis que está viviendo hoy la América Latina desde el punto de vista humanitario y que requiere la atención y la acción concertada de todos”.
En junio de 2019, en la Asamblea de la O.E.A. que se llevó a cabo en Medellín, hizo un llamado a “Rodear y blindar a los ciudadanos venezolanos que han salido de su país producto del gobierno de Maduro”, e igualmente anunció la necesidad de regularización de los migrantes y de obrar con fraternidad hacia ellos.
Igualmente, se elaboró un documento CONPES donde se fijaron las estrategias de atención en salud, educación y primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, identificando acciones para el año 2021 por un valor de 422.779 millones de pesos.
Esta semana, el Presidente expidió el Estatuto de Protección para Migrantes venezolanos, con la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, con la vigencia de 10 años para adquirir la visa de residentes a los venezolanos indocumentados (cerca de 1 millón) para que puedan acceder a un empleo formal, así como subsidios y salud.
De inmediato, el Secretario de Estado de los E.U, Antony Blinken , aplaudió el anuncio del mandatario colombiano. El Comisionado de la O.N.U, Filippo Grandi, consideró el Estatuto como “Una extraordinaria y significativa muestra de humanidad y compromiso con los Derechos Humanos” y manifestó su apoyo a que la comunidad internacional incremente sus aportes a esta causa, como a él le corresponde. Instó a los demás países de la región a adoptar un sistema uniforme, basado en la protección, como es el Estatuto de Colombia.
Es una realidad que la migración venezolana es parte de la estructura social y económica del país. Los migrantes podrán pasar ahora del régimen de protección temporal transitorio al régimen migratorio del nuevo Estatuto.
Diferentes expertos y analistas consideran que la migración de los venezolanos a la vida productiva contribuirá a la recuperación económica y a bajar la informalidad. Además, facilitará la planeación de políticas públicas.
Se estima que la atención a los migrantes venezolanos tendrá un costo del 0.25% del P.I.B a corto plazo, pero a mediano plazo generará un crecimiento del 0.5% del P.I.B.
