La vida de Pedro Castillo cambió irrevocablemente el 7 de diciembre de 2022.
La disolución del Congreso y el establecimiento de un «gobierno excepcional» fueron anunciados ese día en un mensaje televisado a la nación por el entonces presidente de Perú, claramente preocupado. Posteriormente, cuando el fiscal afirma que planeaba buscar refugio en la Embajada de México, fue detenido por miembros de su propia escolta. Tanto el Ejército como la Policía peruana no habían respaldado su pedido.
El Congreso que había intentado disolver decidió destituirlo de su cargo esa tarde tras declararlo incompetente moralmente por «violar el orden establecido por la Constitución Política».
Han pasado muchas cosas desde entonces. Castillo se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate, un penal especial creado para albergar a expresidentes presos, donde se encuentran recluidos Alberto Fujimori y solo él.
Se le imputan dos delitos: rebelión y concierto para delinquir por su participación en los hechos del 7 de diciembre y pertenencia a organización criminal por su presunta participación como líder en un esquema de corrupción dentro del gobierno de él.
Está sujeto a dos órdenes de prisión preventiva, una por 18 meses y otra por 36 meses.
El expresidente es la única persona en una celda de aproximadamente 6 metros cuadrados. Son dos cuartitos en forma de L. Duerme en una cama en uno de ellos. En el otro, tiene un pequeño espacio con una mesa donde puede leer y comer.
Las paredes de color plomo de la celda no tienen ventanas, pero sí tiene un pequeño baño y acceso a un patio de unos cinco metros cuadrados y donde ha intentado cultivar maíz y papas como lo había hecho toda su vida en su finca en Chota antes de entrar en política y el tumulto limeño. Según casos anteriores, el expresidente se enfrenta a una prolongada batalla legal.
Sus únicas apariciones públicas son en la corte, donde usa una barba escasa que nunca creció mientras estuvo libre. Castillo usa la cuenta de Twitter de un amigo de confianza para comunicarse. Además, se expresa en las cartas que escribe a los líderes latinoamericanos que han recibido su apoyo, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro.
En ellos, así como en conversaciones con personas que vienen a verlo, Castillo insiste en que su intento de disolver el Congreso era tanto lo que «el pueblo» le exigía como la única opción que tenía frente a una legislatura que, en su cuenta, no le permitiría gobernar. En las últimas décadas, casi todos los presidentes de Perú terminaron en la cárcel o en problemas legales.
La defensa de Castillo ha sugerido un plan que involucra llevar su caso a nivel internacional porque son conscientes de que el sistema legal peruano no es justo y argumenta, entre otras cosas, que Castillo se limitó a hacer una proclama, que no es un golpe de Estado. Declarar que no se dieron las condiciones para su destitución parlamentaria.
Un recluso puede permanecer en prisión preventiva detención por un período prolongado en la legislación peruana sin que se dicte sentencia.
El equipo legal de Castillo ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pretende llevar el asunto ante la Corte Interamericana. Sin embargo, para hacerlo, se debe haber dictado una sentencia peruana previa, y por ahora, el proceso parece estar muy lejos.
Dentro y fuera de Perú, Castillo está involucrado en una batalla legal prolongada. Su objetivo actual es encontrar un teléfono para poder llamar a su esposa.
