Por: Ernesto Cardoso Camacho
Para quienes no somos expertos en temas económicos y financieros pero tenemos sentido común que, como se ha dicho, es el menos común de los sentidos; los anuncios del presidente Biden y el reciente del presidente Petro; quienes han advertido sobre la amenaza de la recesión de la economía mundial y doméstica, como resultado de la crisis de la comunidad europea por los efectos de la invasión rusa a Ucrania; a la desbordada inflación en los precios de las materias primas para la industria y para la seguridad alimentaria; constituyen todo un desafío que se complementa con los efectos del cambio climático, acelerado por los efectos del calentamiento del planeta, causado a su vez, por la explotación irresponsable de los recursos naturales en las principales economías del mundo.
Ante este panorama se ha hecho indispensable que la transición energética pase a ser una imperativa obligación que cada país debe asumir de conformidad con sus propias características y circunstancias.
En nuestro caso, el fantasma de la recesión tiene especiales consecuencias dadas las condiciones de nuestra economía y por la evidente crisis fiscal que atraviesan las finanzas públicas. Los principales indicadores muestran la excesiva desvalorización del peso frente al dólar y al euro; la escasez en el suministro de fertilizantes para la producción agropecuaria; el exagerado costo de los insumos importados para la industria y una reforma tributaria que pretende recaudar más impuestos a costa de las rentas que generan las empresas y el amplio sector asalariado que devenga más de 2.7 salarios mínimos mensuales.
Caso aparte merece el tema del impuesto a las pensiones más altas que si bien es cierto han generado abrumadora inequidad social y un gran impacto fiscal, su implementación por la vía de la reforma tributaria es equivocado y seguramente será declarado inconstitucional en el examen de la Corte.
Por otra parte, conviene recordar que quienes usufructúan ese tipo de pensiones son generalmente los excongresistas y exmagistrados de las altas cortes, exfiscales, exprocuradores, excontralores, exministros, exdiplomáticos, etc; es decir, quienes han acumulado honores y privilegios de nuestra frágil democracia, y a su vez, afecta los intereses de quienes hoy son congresistas que aspiran a obtener ese tipo de privilegio; hecho que permite presumir que el mecanismo de su real reducción no se logrará por decisión legislativa, sino a través de referendo o constituyente, tal como lo estamos observando con la reducción de sus salarios, prebendas y privilegios.
De otra parte, la propuesta de implementar el catastro multipropósito que afectará los avalúos de la propiedad urbana y rural conducirá de forma inevitable al incremento del impuesto predial que recaudan los municipios. Lo mismo ocurrirá con el incremento del impuesto de ganancia ocasional por la venta de inmuebles. Pero además conviene recordar los altísimos costos que hoy se causan por los gastos notariales y de registro en la transacción jurídica de la propiedad inmueble, tanto urbana como rural. En estas circunstancias la cascada de impuestos tendrá sus efectos nocivos e inevitables en el costo de vida, mientras que las rentas empresariales y de trabajo sufrirán adicionalmente por los efectos de la inflación y la recesión.
En conclusión, el panorama económico que afrontaremos los colombianos en los próximos meses agudizará los conflictos sociales y el gobierno que ha prometido cambios sustanciales en el modelo económico, social, ambiental y político, se verá abocado a responder eficazmente ante las enormes expectativas generadas en beneficio de los sectores más vulnerables, otorgando subsidios de toda clase que habrán de presionar el déficit fiscal, la deuda externa, la inflación y la desvalorización de la moneda frente al dólar.
El fantasma de la recesión terminará siendo el peor enemigo de las promesas de cambio lo que probablemente conducirá al presidente Petro a declarar la emergencia económica y social, escenario en el cual, las decisiones que se tomarán se tornarán impredecibles. No se trata de ser profeta de desastres sino avizorar con crudo realismo el duro trecho que debemos transitar, en el cual, hay que decirlo con franqueza, correremos el alto riesgo de perder nuestra frágil democracia.
