Por: Juan Pablo Liévano
La ciudadanía se pronunció y Gustavo Petro es el nuevo presidente. Para los demócratas, no hay nada distinto a aceptar y respetar el resultado y rodear y apoyar a la institucionalidad para poder contar con un mejor país. El triunfo de Petro, un exguerrillero, que le ha jugado a la democracia y que ha sido alcalde y senador, es el triunfo de Colombia y sus instituciones. La pregunta es cómo será su gobierno. Petro tiene la opción de pasar a la historia siendo el mejor presidente de izquierda o siendo aquel que repitió el modelo venezolano. Para esclarecer el asunto, podríamos analizar su discurso como presidente electo. Con base en este, entendemos que se está inclinando hacia la primera opción, aun cuando existen señales de intervención activa del Estado en la economía y dudas sobre la generación de recursos para la inversión social. El discurso fue conciliador y tendió puentes con la otra mitad del país, que no se identifica ni quiere sus políticas. Quiere una sola Colombia, no dos, con base en el amor, la paz, el diálogo y la reconciliación, sin venganzas y sectarismos. Su gobierno será el de la vida, lo cual incluye la paz, la justicia social y ambiental, la esperanza y las oportunidades para todos, por lo que hará un verdadero cambio para que no haya más discriminación y desigualdad. Quiere satisfacer las necesidades sociales de los ciudadanos desarrollando el capitalismo, lo que implica un pluralismo económico e ideológico que supere el feudalismo y la esclavitud, con un capitalismo democrático, productivo y preferiblemente no especulador, que establezca una economía popular basada en la conectividad, la educación y el crédito barato; una nueva economía productiva, no extractiva, y con justicia ambiental, con pleno respaldo a la creación de puestos de trabajo, dentro del marco de una economía colaborativa, pues solo produciendo se puede redistribuir. El sector privado será protagonista para producir riqueza y empleo, pero no será la piedra angular. Habrá campo para varias visiones económicas, lo que implica que el estado y el cooperativismo serán también protagonistas. El concepto de estado pequeño y que no participe en la actividad económica quedará atrás. Habrá respeto y diálogo social, aun cuando no será fácil la construcción de consensos, pues, como indicó, hay que cumplirle a sus electores y, además, habrá oposición a varias de sus políticas. Surge la duda de cómo logrará producir para redistribuir, sin la explotación petrolera convencional y el fracking, y cómo se podrá incrementar el recaudo tributario, sin afectar a la clase media o a las empresas, para obtener los recursos necesarios de inversión social. En síntesis, tendremos presiones presupuestales, un estado más activo y grande, con mayor actividad empresarial y burocrática, y un sector privado activo, pero con mayores niveles de tributación, como también le ocurrirá a la clase media. También tendremos un gobierno que dialoga, pero que avanza sus agendas, no necesariamente con consensos. Solo queda rodear institucionalmente y desearle los mayores éxitos al nuevo gobierno para el bien de todos, lo cual no implica abandonar la sana crítica sobre su actividad y las reformas que proponga para que sirvan verdaderamente a los propósitos de justicia social que todos queremos.
