#LaOpinionDeColmenares
Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez
@LColmenaresR
“Acuerdo para la materialización de la paz territorial”, es el título del documento suscrito la semana pasada entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) para comprar tres millones de hectáreas de tierra que serán entregadas a campesinos, comunidades indígenas y afros. Este Acuerdo si es un verdadero Pacto Histórico.
El acuerdo permitirá avanzar en la Reforma Agraria Integral, en el objetivo de la Paz Total, además de cumplir con el compromiso adquirido en el primer punto de los Acuerdos de La Habana con las Farc. Jonrón con bases llenas.
Después de suscrito el Acuerdo el presidente Petro expresó que serán “tres millones de hectáreas más de producción, fundamentalmente de alimentos, sería una verdadera revolución agraria en Colombia”.
A las tierras que venderán los ganaderos se agregan 438.809 hectáreas que tiene en su inventario la Sociedad de Activos Especiales incautadas al narcotráfico o por lavado de activos.
Ahora seguirá un trabajo conjunto entre FEDEGAN y el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para definir los criterios de compra y la correspondiente asignación con el fin de evitar situaciones como las que se han presentado en la entrega de las casas gratis que hoy están siendo arrendadas y vendidas, con lo cual siguen los mismos problemas de familias sin vivienda propia por culpa de unos avivatos o administraciones corruptas. Se conoce que han sido beneficiados con viviendas gratis hasta empleados de alcaldías y gobernaciones.
En todo caso, las tierras que serán objeto de compra por parte del gobierno deben acreditarse como propiedad privada, no tener en curso ningún proceso agrario y, por supuesto, tampoco pueden tener medidas de protección, además de cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias. Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y sin ninguna duda de posesión en manos de sus propietarios.
Es decir, la tierra que se va a comprar no puede ser cualquier peladero para desencartar a los dueños, porque el Gobierno evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada, de tal manera que sean fértiles y aptas para el desarrollo rural.
De manera consecuente el gobierno tiene que llevar a cabo las adecuaciones para facilitar la explotación de la tierra que le entregará a los campesinos, comunidades indígenas y afros, creando la infraestructura física necesaria como vías, electrificación, acueductos, conectividad, además de infraestructura social representada en centros de salud, escuelas, vivienda en condiciones dignas y apoyo en asistencia técnica, crédito y comercialización.
Por su parte, FEDEGAN, como una expresión genuina de buena voluntad y máxima generosidad, en el proceso de construcción de paz territorial que está llevando a cabo el Gobierno Nacional en ese contexto de paz total, pondrá a disposición de los beneficiados servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria con enfoques de ganadería sostenible, para sacar un mayor provecho de la tierra y ejercer la propiedad con sentido social.
De todo, quizás lo más difícil será conseguir los dineros para financiar la compra de los predios a valor comercial, que hasta ahora están calculados en 60 billones de pesos, una cantidad que no se encuentra en cualquier parte, y lo más probable es que el gobierno se endeude a través de una emisión de títulos TES, que para los expertos podría afectar las estimaciones definidas en la regla fiscal.
No hay duda de que se trata de un Acuerdo histórico que espanta el fantasma de la expropiación que tantas preocupaciones causó durante la campaña presidencial, y al mismo tiempo transmite un mensaje de confianza porque es una expresión material de lo que significa la democratización de la tierra para superar la pobreza del país, y reconocerle derechos a las comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas sin acudir a manifestaciones violentas ni a invasiones arbitrarias.
Para darle tranquilidad y confianza a todas las partes involucradas en el Acuerdo, el cumplimiento y verificación tendrá el acompañamiento del Banco Mundial y la Misión de la ONU en Colombia.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... @LColmenaresR
