DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA
Por: Daniela Gutiérrez
Así lo dio a conocer el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Javier Gaviria Betancourt quien habló con Diario del Huila de las precarias condiciones de los servicios públicos, frente al alza descontrolada de los mismos.
Entre 2010 y 2022 las tarifas en los dos servicios más necesarios para el ser humano; la del agua y la energía, han subido el 50% mientras que, en ese mismo periodo, el Índice de Precios al Consumidor acumulado es del 60%. “Hemos experimentado el desplazamiento real del monopolio público al privado, hoy el 65% de las empresas de servicios públicos, son de inversionistas privados”, explicó Javier Gaviria Betancourt, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.
La inversión privada en los servicios públicos ha crecido tanto que esto ha impedido el crecimiento en accesibilidad de los servicios en las zonas rurales, al mismo tiempo que ha aumentado de manera desmedida el cobro del servicio.
Javier, cuéntenos qué es la Liga Nacional de Usuarios de los Servicio Públicos, a qué se dedica y cuál es el objetivo?
La Liga fue constituida en 1995 cuando un grupo de personas en el país estudiamos la ley 142 de 1994, advertimos que iba a producirse una crisis en la prestación de servicios púbicos pues había en la Ley un acento para definir tarifas que predominaba la inversión privada.
Organizamos a los usuarios del país para defender algo que estábamos perdiendo que era disponer de los servicios públicos en términos de una tarifa pagable. Recogemos las quejas, las inquietudes de todos los usuarios para llevarlas a la Superintendencia de Servicios Públicos, pero también replantear a las Administraciones nacionales, departamentales y locales y a las Comisiones Reguladoras y recomendar planes para mejorar el servicio.
Ya esto nos ha dado la oportunidad de incidir en decisiones políticas.
¿Cómo está actualmente el país en términos de cobro por las tarifas de servicios públicos?
Hay una indolencia total no puede decir hoy el usuario que paga su tarifa con suficiencia, que no le altera su situación de economía doméstica. Las tarifas a todos los usuarios les están causando un drama, no solo a los residenciales sino no también se está mermando la viabilidad empresarial y no solo por la tarifa que se le factura, sino también por la afectación que le causa la tarifa a la sociedad.
Lo que más ha crecido en tarifas de servicios públicos no es la energía sino el agua. Lo que pasa es que es más debatible en el común de la gente la tarifa de energía porque cuando a la gente le llaga la tarifa por su consumo, lo que más pesa en el precio neto es la energía y ve menor lo del agua.
¿Cuánto podemos decir entonces que han subido las tarifas de estos servicios?
En los últimos 12 años la tarifa de agua ha subido el 232% y la de energía el 212% y si tomamos enero 2020 a octubre 2022 la tarifa de agua ha subido el 85% y la de la energía el 45%.
Tenemos regiones que en enero del 2020 el metro cúbico de agua valía 2.500 pesos, hoy vale 4.000 pesos. Son incrementos que son desproporcionados.
Pero nosotros no solo tenemos observación crítica a estos dos servicios, sino a todos, a la tarifa de gas combustible, a la de aseo, a un componente de la factura que es alumbrado público; que ha crecido, este es un impuesto, no un servicio, pero va a la factura y hace que la misma llegue a un punto sumado a la calificación de todos los servicios públicos, el costo es dolorosa para la familia.
Estamos en un estándar 5 veces por fuera al estándar internacional. Una factura de servicios públicos en Europa no pesa sino el 7% de los ingresos de las familias, para nosotros con respecto al salario mínimo es el 35-40% si se trata de una familia de altos ingresos y si se trata de una familia pobre, puede pesar hasta el 60%.
Eso lo que quiere decir es que en Colombia las tarifas de los servicios públicos van creciendo de manera distinta a como crecen los ingresos; estos se deprimen y la factura va hacia arriba.
¿Según las directrices del gobierno Nacional, el panorama tiende a mejorar o por el contrario vamos a experimentar más alzas?
Lo que es grave es que, aunque ya es un panorama oscuro, las políticas de todos los gobiernos Nacionales desde el año 1991 la situación ha ido empeorando y no ha habido nada que los mejore.
En el año 2005, en el primer gobierno de Álvaro Uribe cuando se expidió un documento COMPES que se llama “Plan de acción para la focalización de los subsidios” constituye una herramienta para ir mermando los subsidios con recursos estatales e ir disminuyendo la población de estrato 1,2 y 3 que es la que recibe las ayudas, para que cada vez sean menos los que tengan ese beneficio. Antes eran el 90% de las personas, ahora son el 75%.
Además, ha habido programas para bajar los subsidios, por ejemplo, en energía eléctrica, hasta el año 2006 tuvimos 200kilovatios hora subsidiados, ahora son 130 para las ciudades que están 1000 metros sobre el nivel del mar o 173 para los que están entre 0 y 1000. Para el agua también se han mermado.
Frente a la actitud del gobierno actual no hay anuncio que mejore la condición de los usuarios, antes, por el contrario, hay varias advertencias que empeoran la situación de los usuarios. Por ejemplo, en la ley de presupuesto del 2023 se incluyó un artículo dónde se mantiene un proyecto del Plan de Desarrollo de Duque en la Ley de Transición Energética para focalizar los subsidios. Esto es mermarlos y que lleguen a menos personas. Lo que indica que, si hoy tenemos más de 10 millones de hogares en estrato 1,2 y 3 que reciben ayudas, podrían pasar a 4 millones, además se sigue con el mismo régimen tarifario donde se tienen las mismas condiciones para definir las fórmulas.
¿Qué lectura hacen ustedes del anuncio frente a la reducción que anunciaron desde el gobierno Nacional la reducción de la tarifa en el servicio de energía?
El gobierno Nacional anunció un mecanismo que es el “pacto por la justicia tarifaria”, eso no es una decisión del gobierno, sino una instrucción a las entidades prestadoras del servicio para que haya un acuerdo entre generalizadores y los comercializadores. Palabras más palabras menos es solo un acuerdo de pago el cual se amplía de 3 meses a 12.
Ya hemos identificado que esa merma puede ser de 2.5 o 3% dependiendo de los generadores, eso no alcanza más de los 17 pesos y si tenemos una factura de 200 kilovatios hora, eso quiere decir que la rebaja va a ser de 3.400 pesos, pero es una rebaja irrisoria, frente a una factura que ha subido hasta el 50%.
En el caso del Huila, ElectroHuila anunció una rebaja de $30 por kilovatio
No, es de $17 el kilovatio hora, no puede ser $30 porque el valor de kilovatio hora en ElectroHuila es de casi $800 y los componentes sobre los que hay la merma, son el de generación y el de comercialización y el primero en la Electrificadora del Huila vale 291, es decir que pesa más del 35%, entonces, sobre los $800 el 35% son $291 y sobre eso es la merma de la tarifa.
Si eso se traduce a una factura normal de 200 kilovatios hora, lo que se puede decir es que lo que se reduce la factura es $3.400. Pero en un año, entre septiembre del 2021 y septiembre del 2022 la factura promedio para los colombianos creció en el 26%.
Tengo que decir que hoy el Huila está pagando las tarifas de energía más caras del país y no hay un anuncio de mejor, va a seguir creciendo.
¿Y si comparamos cobro Versus servicio?
Terrible, nosotros cumplimos con la obligación de pagar un precio, pero las empresas no cumplen con sus obligaciones porque lo que ellos deberían hacer es dar continuidad y calidad del servicio y lo que está pasando en el Huila es que tenemos más horas de interrupción del servicio durante un año.
En el indicador SAIDI y en el que mide cuántas horas se nos va la energía al año tenemos los más deficientes. El Huila esta en 42 horas al año que dura la suspensión y 50 interrupciones por año, que son no programadas, es decir, fallas en el servicio.
¿Y la Superintendencia de Servicios Públicos qué ha hecho frente a este panorama?
No hay una actitud o compromiso de la Super con los usuarios, ni por el pago de la tarifa ni por el tema de la calidad de los servicios, deberíamos tener una Superintendencia que cumpliera mejor el papel con la que fue constituida; vigilancia y control de la prestación de los servicios. Ellos cumplen funciones presidenciales y ahí debe haber una actuación para que aun teniendo tarifas tan costosas se nos preste un buen servicio. Además, que exigimos tarifas pagables y no rentables.
¿Qué otras quejas son recurrentes en la Liga?
En agua, alcantarillado y en aseo; este servicio se ha encarecido mucho en todo el país coincidiendo con la privatización y la inversión de personas extranjeras y hay mucha deficiencia en la prestación del servicio.
