Uno de los problemas de la guerra en Colombia, ha sido la propiedad de la tierra. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica: “el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, es una nueva oportunidad para resolver una deuda histórica del Estado con el país, una reforma agraria que permita una distribución equitativa de la tierra y que le devuelva a las víctimas de desplazamiento y despojo lo que perdieron”.
No hay mayor problema en Colombia que el agrario y la distribución equitativa de la tierra. Y esta deuda histórica del Estado se profundizó con el conflicto armado, que puso en medio del fuego a miles de campesinos, obligándolos a dejar sus tierras, se indica en el informe denominado: Tierras, balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico.
Para analizar esta problemática y otras más, se va a realizar en el auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana, el VIII Seminario Internacional sobre El Conflicto Interno Armado En Colombia: Los Retos de la paz total en Colombia y las enseñanzas de la experiencia comparada, que será los días: 18,19 y 20 de octubre de 2023.
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El evento y su importancia
En cuanto a este evento, Alfredo Vargas Ortiz, quien es abogado de la Universidad Surcolombiana y doctor en Derecho de la Universidad Nacional, expresó: “allí planteamos los retos que implica conseguir la Paz Total, con grupos armados como el ELN, las Disidencias, Bandas Criminales y vamos a tener un sinnúmero de experiencias en torno a los conflictos, que ya han vivido países como El Salvador y Alemania”.
El seminario contaría con varios académicos de la capital opita. Se va hablar de alternativa de paz, el turismo y el conflicto armado, experiencias de resiliencia y memoria.
“Vamos a analizar la propuesta de Paz, a la que apuesta el Gobierno Nacional. Son 30 invitados tanto nacionales como internacionales. El evento es gratuito, abierto y es importante realizar la inscripción”, indicó el doctor.
El Salvador y su modelo de Paz
“Cuando uno mira las experiencias de un país como El Salvador, quienes tuvieron el mismo problemas con los excombatientes en su momento que Colombia, son experiencia similares s”, agregó el abogado.
El experto habla de los 12 años de enfrentamiento bélico en El Salvador, en 1992, el país puso fin a un prolongado conflicto armado, por la vía del diálogo y la negociación. El proceso de paz salvadoreño demostró que el diálogo y la escucha pueden solucionar controversias y abrir paso al florecimiento de la sociedad, a una construcción conjunta donde las oportunidades de fortalecer la institucionalidad y la participación democrática sean tangibles, aunque requieran trabajo constante.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador representan un legado tanto para la población salvadoreña como para América Latina. Los aprendizajes del proceso para su construcción, para la negociación de su texto, así como sus múltiples impactos positivos, han sido consulta obligatoria para procesos y acuerdos similares. Si bien acuerdos posteriores, respondiendo a su propio tiempo y contexto, han sumado nuevas temáticas y actores en su desarrollo, todos han buscado establecer unos mínimos para la convivencia pacífica; mínimos que no permiten retroceso.
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Invitados de Alemania, Suecia y Ecuador
Mientras que el invitado alemán, va a hablar de conflicto armado, la segunda guerra mundial, como superaron esta situación y se convirtieron en potencia del orbe.
Asimismo, desde Suecia, se va a dialogar, sobre resocialización de delincuentes, ellos tienen unas técnicas ya comprobadas para este fin. De igual manera el invitado ecuatoriano, hablará de corrupción.
¿Y los Acuerdos de Paz?
En cuanto al conflicto armado que se vive en Colombia por la irrupción en el panorama de las disidencias, Alfredo Vargas, expresó: “la respuesta está en los acuerdos de Paz. El país, no ha hecho modificaciones sustantivas en torno a la distribución de la tierra. Tenemos un país con una concentración de la misma, muy fuerte y también se debe dar una lucha contra el narcotráfico, que es el motor de la guerra”.
Ya no solo el sector privado, ha sido permeado también el público, se conoce que hay campañas que son financiadas por grupos vinculados al narcotráfico, añadió el profesional del derecho.
Asimismo, lo indicó Diego Tello, asesor de Paz de la Gobernación del Huila: “uno de los temores que tienen los excombatientes, es que los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, firmados bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, no hayan llegado a feliz término y preocupa es que el acuerdo de la Habana, Cuba, no se haya logrado materializar y eso aquí en el departamento ha generado, una nueva violencia o una reconfiguración de la misma en el territorio”.
“Al no concretarse, los acuerdos de Paz, se ha reconfigurado el conflicto armado en el Huila, que ha generado amenazas, desplazamientos, extorsiones y lo mismo sucede con los reincorporados, también son afectados por estos hechos. Por eso estamos apoyando los diálogos del Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central”, indicó el funcionario.
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Muertes de reincorporados y acuerdos
Frente a los crímenes de firmante de Paz, el doctor Vargas, agregó: “la situación de las Farc, es terrible, saber que hay más de 300 personas asesinadas, después de haber entregado las armas. Por eso necesitamos al Estado, para que genere oportunidades y así estas personas no vuelvan a empuñar un arma de fuego y lo que hizo el anterior gobierno fue terrible, retrasó al no cumplir los acuerdos y hay intereses económicos y políticos para que no lleguemos a un pacto total”.
“La seguridad ha sido muy difícil, ha habido amenazas, homicidios, desplazamientos de espacios territoriales, desapariciones, por esta situaciones, se requiere plantear una ruta de seguridad integral”, indicó Laura Vega, delegada ante el Consejo Nacional de Reincorporación, componente comunes.
Se conoció que José Antonio Rivera, Ronald Rojas, Hover Hernán Esquivel, Esder Pineda Peña, Humberto Guzmán, Jhon Fredy Vargas Rojas, José Antonio Rivera, Manuel Olaya, Jorge Enrique Corredor González, son 10 de los 12, reincorporados que fueron ultimados en el departamento, luego de haber firmado la paz en el año 2016, entre las antiguas Farc y gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Varios reincorporados a la vida civil, han expresados a sus voceros, temor por su integridad y la de sus familias, tras ser objeto de amenazas. “Hay muchas quejas frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque no dan respuesta rápida, a la solicitud de seguridad, también hay muchas dificultades para el acceso a vehículos. Necesitamos una ruta de seguridad integral para los firmantes de paz”, agregó Laura Vega.
Asimismo, la Corte Constitucional manifestó. “Para la Sala que hace seguimiento a la Sentencia SU-020, es preocupante la ausencia de respuesta de la UNP frente a los requerimientos de información efectuados por la Corte, así como los hallazgos al interior de la entidad sobre situaciones que obstaculizan el debido funcionamiento de los programas de protección para la población firmante”.
Ya para finalizar, Alfredo Vargas, doctor en derecho, indicó: “yo soy un convencido de que Colombia, puede conseguir la Paz y con ella, va a haber mucha más industria e inversión y las cosas van a mejorar”.
