Parlamentarios unieron sus voces para criticar la ayuda de los mandatarios que ha tenido el país, en cuanto a la escasa inversión para el financiamiento de proyectos de infraestructura de la región. Por ejemplo, señalaron que de la venta de Isagen, no hubo rubros para el Huila.
Los nuevos peajes que según lo señalado desde la Concesionaria Ruta al Sur, son para el sostenimiento de las vías y ya hay tramos donde se ha visto el mejoramiento de la carretera al sur, así ocurre en el sector de Gigante.
Las críticas a estos recaudos
En relación a la instalación de los nuevos peajes, el diputado Wilfred Trujillo, señaló: “hicimos la invitación tanto a la Concesionaria Ruta al Sur y a la Agencia Nacional de Infraestructura, para que nos brinden un informe detallado, entorno a los avances de las diferentes obras que están planteadas desde el norte hasta el sur del Departamento. Y estamos analizando el ordenamiento jurídico de nuestro país para conocer ¿cada cuántos kilómetros se debe de establecer un peaje?”
El resultado de este estudio, dejó preocupado al parlamentario, ya que no existiría una norma que brinde este tipo de información. Solo conocen que cursa en el Congreso de la Republica un proyecto de ley, pero en el momento, se encuentra este ‘vacío’.
“Por esta causa, ahora la Agencia Nacional de Infraestructura, nos va instalar, prácticamente cinco peajes a nuestra región. Uno lo van a colocar en el sector de Villalobos. Estamos muy preocupados, por ello, vamos a elaborar un derecho de petición, para que nos informen legalmente ¿cada cuántos kilómetros se puede situar un peaje?”, recalcó el delegado.
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Posibles perjuicios
Asimismo el diputado, indica que ojalá se evalué bien este aspecto para que el Departamento no sea perjudicado con los cinco peajes.
“Lo que va a afectar de manera directa es la competitividad, el desarrollo económico, turismo, y la productividad,todo. Esas son las preocupaciones que tenemos”, puntualizó el político.
Escasa ayuda del Gobierno Nacional
Por su parte, el diputado Armando Acuña, hizo un cuestionamiento a los gobiernos que ha tenido el país, por los pocos recursos que destinan para el Huila. Estas fueron sus palabras. “Vendieron uno de los mejores activos del país, que era Isagen para financiar las vías del país y pregunte usted, ¿Cuánto dinero producto de ese negocio?, destinaron para esta concesión vial, y mire las fuentes de financiación que tienen o todo el rubro lo invirtieron en la ‘Ruta al Sol’”.
“Por lo anterior, nosotros desde un principio manifestamos que no estábamos de acuerdo con la instalación de un nuevo peaje en nuestro territorio. Y al sur del país no tuvo parte en ese ingreso, siempre se ha nos mirado por la ‘esquinita del ojo’, y desafortunadamente, esta región siendo casi el triple de lo que es el centro de Colombia, no tiene una fuerte representación en el Congreso de la República y en este aspecto nos gana Antioquia, Valle del Cauca”, develó el funcionario.
Teniendo en cuenta que la Ruta 45, es una vía de primer orden para el país.
“Reclamamos porque el sur del país, ha sufrido el rigor de la guerra, precisamente por esa desigualdad y con esta vía, estamos llamando al desarrollo de la región y de los otros departamentos, ‘la Colombia olvidada’,
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Se ven los avances
Armando Acuña, indicó que ya se ven los avances en la obra vial que se desarrolla al sur de la región. “Porque Aliadas lo único que hizo fue robarse una gruesa suma de dinero y nos dejó unas graves consecuencias, que se ha traducido en los costos adicionales, y ha elevado el valor del proyecto”.
El valor al final de esta obra, podría estar alrededor de los $6 billones y la preocupación es ¿cuantos kilómetros en vías se habrían podido realizar?, agregó el parlamentario.
Las deudas dejadas
Ya en cuanto a los pasivos dejados por la anterior Concesionaria, en septiembre de 2021 y luego de dos meses de la firma de la cesión del contrato del proyecto Santana-Mocoa-Neiva, el nuevo concesionario Ruta al Sur, realizó el pago de deudas pendientes a 225 proveedores del Huila y Putumayo, por un valor de $46.397 millones de pesos. De esta manera, se ha cubierto más del 70% de la cifra que adeudaba Aliadas para el Progreso —el anterior concesionario—, cuatro meses antes del plazo establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura para tal fin.
“La solvencia de la nueva compañía para que pudiera cubrir este valor fue uno de los requisitos que tuvimos en cuenta al momento de la cesión del contrato. Hoy podemos destacar el buen ritmo que lleva el proceso de pagos a los acreedores que tenía el proyecto”, manifiesta el vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Carlos García.
Por su parte, la ministra de Trasporte, Ángela María Orozco, destaca también el incremento de la vinculación laboral en los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo, gracias a esta reactivación de las obras. “Hemos iniciado nuevos frentes de obra, que nos han permitido contar con más de 320 personas trabajando en este proyecto, recuperando la confianza de los tres departamentos y más de 15 municipios que atraviesa este corredor vial concesionado por la ANI”, señala.
Este proyecto, fundamental para la movilización de pasajeros y carga desde Ecuador y el sur de Colombia hacia las principales ciudades del centro, la Costa Caribe y Pacífica, mejorará la competitividad de la región gracias a una inversión por $3,9 billones de pesos (cifras Capex y Opex de dic. 2020).
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Proyecto de ley
Y es que ante la cantidad de peajes existentes en Colombia, extranjeros y nacionales, han criticado este hecho que sin duda afecta el bolsillo de los usuarios viales.
En este sentido, el congresista Fabián Díaz es autor de un proyecto de ley que busca regular los peajes en Colombia, así como la distancia mínima entre si y otros aspectos como su elevado costo.
Ya la iniciativa, fue aprobada en primer debate el Proyecto de Ley 602 de 2021 que busca detener el negocio abusivo de los peajes en Colombia.
Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar una regulación mínima para la reestructuración en término de tarifas e infraestructura de los diferentes peajes de concesiones privadas, públicas o mixtas de las carreteras nacionales, generando consigo las disposiciones necesarias para evitar abusos en materia de cobro y frecuencia de cobro para los usuarios de las vías primarias y secundarias del país.
Y de acuerdo con el congresista Fabián Díaz, este proyecto de ley plantea una distancia mínima lineal entre peajes de 150 kilómetros, contados a partir del último cobro efectuado en carreteras nacionales, algo que está implementado en diferentes países donde la distancia mínima llega a los 200 kilómetros para evitar abusos.
Asimismo y con el fin de realizar un seguimiento al cumplimiento de la eventual Ley, el Ministerio de Transporte deberá rendir un informe cada año al Congreso con el fin de informar sobre la evolución tarifaria, el número de casetas en operación y su distribución geográfica.
