Por: Hugo Fernando Cabrera Ochoa
El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia ha sido seguramente el más citado en estos días a lo largo y ancho de nuestro país; este artículo expresa que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Pero ¿Cómo se rige la protesta pacífica en Colombia? Pues frente a este interrogante, la Fundación Ideas para la Paz “FIP” ha buscado contribuir a la discusión sobre el alcance del derecho de la protesta social en Colombia, delimitando las actividades que las autoridades pueden realizar para garantizarlo y, al mismo tiempo, evitar que los ciudadanos abusen de este derecho.
La misma FIP plantea que la Corte Constitucional ha analizado el derecho de protesta social pacífica en el marco del estudio de la constitucionalidad de conductas tipificadas como delitos en contra de la seguridad pública.
Existen algunas sentencias como la C-075 de 1997, en la que se establece que, si bien el derecho a la huelga no necesariamente está vinculado con el de la protesta social, es innegable que en muchos eventos ambos vayan de la mano. Por lo tanto, la limitación al derecho a la huelga implica también una limitación al de la protesta. Sin embargo, la Corte ha sido enfática en establecer que, si bien el derecho a la huelga fue objeto de mayor protección por la Constitución de 1991, en la Carta Política ningún derecho es absoluto, pues está limitado por el desarrollo de otros.
De esta manera se entiende que la limitación de este derecho y consecuentemente, de manifestaciones de protesta social derivados de él, es válido desde el punto de vista constitucional, cuando se afectan intereses generales.
Lo que hemos visto, experimentado y vivido, en algunos casos, ha estado respaldado por un derecho fundamental, amparado en la Carta Magna de nuestra nación, no obstante, al rebasarse los límites que la misma Constitución determina, se comienzan a violar otros derechos fundamentales que amparan a otra parte de la ciudadanía.
Fui estudiante de universidad pública, soy hijo de maestros, he salido a marchar para apoyar justas causas, no solamente en mi época de estudiante universitario, también lo he hecho posteriormente, porque creo que vivimos en un país sumamente desigual, en el que se violan muchos derechos y en el que la corrupción carcome las instituciones públicas, eso no es un secreto para nadie, lo tienen claro en todos los partidos políticos y en todos los niveles sociales.
No hay ninguna duda, que lo que hemos vivido en este país durante este mes, es consecuencia de las malas decisiones y actuaciones políticas, pero también debemos ser conscientes que lo que se está experimentando, sumado a la pandemia y a la fuerte ola invernal que pasó hace poco, se convirtió en causa de una de las más duras crisis económicas que hayamos podido vivir en Colombia, la cual puede generar mucha más pobreza, desempleo y hambre.
Es absolutamente claro que el mensaje enviado al gobierno nacional a través de las diferentes manifestaciones en todos los rincones de nuestra nación y en varias ciudades alrededor del mundo, debe haber quedado sumamente comprendido, pues el lenguaje ha sido explícito; pero es hora de llegar a acuerdos sensatos para poder seguir avanzando.
