Por: Paloma Valencia
La Corte Constitucional falló a favor de mi demanda contra la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite durante su aprobación en el Senado. El Gobierno nacional nunca presentó el estudio de impacto fiscal del proyecto. Se trata de una norma básica de responsabilidad con el país: cada vez que se aprueba un proyecto de ley debe existir un estudio serio que estime los costos y determine si tenemos los recursos para pagarlo. Es una práctica que espera que tanto congresistas, como gobierno, disciplinen sus iniciativas a un principio de realidad: saber cuánto cuesta y si podemos pagarlo.
Nadie sabía cuánto costaría el nuevo ministerio, de dónde saldrían los recursos ni si tenía compatibilidad con el Marco Fiscal. Y esta ha sido una constante del gobierno: no hacen los estudios económicos de los proyectos; no lo tiene la reforma pensional ni la ya archivada reforma a la salud. Y es una muestra fáctica de cómo al gobierno las consideraciones en torno a los recursos lo tienen sin cuidado. Sus cuentas son alegres y laxas, como lo que ha pasado con el Presupuesto General de la Nación. Se advirtió que incluir recuperaciones por demandas era excesivo y que eran ingresos como seguros; sin embargo, los incluyeron y presupuestaron sus gastos.
Las cuentas fiscales de la nación no van bien. Por eso, el gobierno anuncia ahora que quiere modificar la regla fiscal. El efecto será severo en la calificación de la deuda.
El Ministerio de la Igualdad tiene un objetivo loable. Por supuesto que Colombia necesita una acción urgente sobre las poblaciones más pobres. Que no solo parecen detenidas en el tiempo, sino olvidadas. Colombia necesita soluciones que lleguen a los barrios y municipios. Que se hagan los mejoramientos de vivienda, los andenes, los parques y espacios públicos. Es una deuda que Colombia no puede seguir aplazando.
Sin embargo, no haber discutido cómo sería el ministerio, terminó dándole al gobierno la entera prerrogativa de diseñarlo. Y hay que decir que una vez más mostraron que creen más en el discurso y las palabras que en la ejecución. Para 2024, el ministerio tuvo un presupuesto de 1,3 billones de pesos: 900 mil millones para funcionamiento -pagar la nómina de Bogotá-. Son 744 cargos y cinco viceministerios. En promedio, los ministerios en Colombia tienen solo dos viceministerios.
El resultado es que quedaron solo 400 mil millones para la inversión, y para abril de este año la ejecución no superaba el 1%. El ministerio terminó siendo una promesa de papel.
También habría que decir que lo que necesitamos hacer por los colombianos más pobres no son nuevas entidades, lo que necesitamos es acción. Entidades ya hay, y varias, desde el Departamento de Prosperidad Social hasta el ICBF y las secretarías de integración social…
El gobierno ha intentado estar por encima de la ley. El Plan Nacional de Desarrollo también fue aprobado sin que se hubiera publicado el texto antes de la votación. Sin embargo, la Corte le dio un salvavidas al gobierno devolviéndola al Senado para una nueva votación. Así también lo hizo con el ministerio al que luego de declararlo inconstitucional le dio dos años de vida. No se entiende si es inconstitucional su creación lo dejen en funcionamiento. La pobreza se supera con inversión social y con políticas de crecimiento económico que son la única solución de largo plazo, pero como los colombianos eligieron el populismo seguiremos en esta faena para gastar y gastar y no tener resultados.
