DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
LINDA VARGAS
FAUSTO MANRIQUE
Parece insólito, pero mientras el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, acusaba a Fedegán de supuestos malos manejos en el Fondo Nacional del Ganado (investigaciones que fueron archivadas por los entes de control), él mismo derrochaba cerca de $4 billones en 2215 contratos a dedo que muchas veces no fueron ejecutados o se modificaron para beneficiar a terceros. Lo más desconcertante es que en ninguna de las ías parecen avanzar los procesos disciplinarios, fiscales o penales.
La contratación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2015 alcanzó $1,842 billones, una cifra significativa para una cartera vital e importante para el desarrollo y avance del campo colombiano. Esa cuantía sirvió para llevar a cabo 794 contratos.
Sin embargo, al revisar en detalle cada proceso se tiene que los contratos directos (a dedo) fueron 734, con plazos entre 1 y 12 meses, por $1,785 billones. Es decir, el 96,92 %. Mientras que los de menor cuantía fueron solo 13 ($34,1 millones); acuerdo marco, siete ($801,7 millones); concursos de méritos abiertos, 10 ($20.478,3 millones); licitaciones públicas, 27 ($26.023,4 millones); subastas inversas, 3 ($1.818,3 millones) y concurso de méritos, 1 ($7.614,2 millones).
En 2016 la contratación total ascendió a $1,493 billones (625 contratos). De esta cifra, $1,401 billones se fueron a la contratación directa (584 contratos con plazos entre 3 y 12 meses), es decir, el 93,9 % de todos los recursos de ese año.
Las otras modalidades de contratación tuvieron espacios ínfimos esa vigencia: menor cuantía, cinco contratos ($122,5 millones); acuerdos marco, 23 ($3.127,5 millones); concursos de méritos abiertos, 6 ($7.374,9 millones); licitaciones públicas, 6 ($76.186,3 millones); subastas inversas, 1 ($1.500 millones); y concurso de méritos, 2 ($200 millones).
Durante 2017 las cosas no cambiaron. El ministro Iragorri continuó el derroche de recursos: 897 contratos, con plazos de ejecución entre 11 días y 12 meses, por $631.334,8 millones. Es decir, el 57 % del dinero que se contrató ese año, que totalizó $1,114 billones.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Oferente único, la constante
Una de las curiosidades encontradas en la contratación directa que llevó a cabo el Ministerio de Agricultura, además de representar el 97 %, 92 % y 57 % del total de los contratos de esa cartera durante los años 2015, 2016 y 2017, fue que en su mayoría hubo un oferente único. Es decir que, al parecer, en el mercado no existían otras personas o entidades que podían prestar los servicios o vender los productos requeridos por el Minagricultura.
A esto se suma que dichas entidades contratadas no contaban con la experiencia para el desarrollo de los objetos contractuales. La prueba reina en este caso es que un número importante de contratos fue liquidado de manera anticipada y modificados a favor del contratista, esto debido a la incapacidad para cumplir con el objeto del convenio.
Las cifras anteriores y algunas de las conclusiones hacen parte de un completo informe elaborado por congresistas del partido Centro Democrático, al que tuvo acceso DIARIO DEL HUILA. Senadores y representantes a la Cámara de esta colectividad elaboraron derechos de petición solicitando la contratación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por cada anualidad, señalando contratista, valor, plazo, modificaciones, otrosí, etc.
También enviaron derechos de petición a las entidades contratadas. Hicieron los análisis y en los casos en que las respuestas no fueran pertinentes se reiteraba la petición con copia a la Procuraduría General de la Nación.
Los congresistas encontraron contratación directa (a dedo) en el Ministerio de Agricultura durante el periodo de Iragorri por cifras astronómicas. Éstos se llevaron a cabo con entidades sin ánimo de lucro vía convenios de asociación en los cuales la propuesta y planeación de las actividades eran dadas por el contratista y no por la entidad pública.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
“Se evidenció la inexistencia del seguimiento de los planes de desarrollo a nivel municipal, departamental y nacional, se manejó una simple entrega de recursos a entidades que en ocasiones no cumplían los requisitos técnicos para la ejecución de las propuestas y para actividades en las que era viable adelantar una licitación pública”, indicaron en un informe en poder de DIARIO DEL HUILA.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Multimillonaria nómina paralela
Como si esto fuera poco, un análisis minucioso de la nómina paralela que tuvo Iragorri Valencia revela más irregularidades. Por ejemplo, en 2015 se firmaron 689 contratos por $19.980,5 millones: 121 para temas jurídicos, 79 de archivo y digitación, 56 misionales, 49 administrativos, 261 para seguimiento y 123 para apoyo.
Llama la atención que el Ministerio de Agricultura durante ese periodo contratara 121 asesorías jurídicas. De los 689 contratos solo 56 eran misionales, es decir, relacionados con los propósitos de esa cartera ministerial.
La nómina paralela en 2016 llegó a 560 contratos por $16.805,3 millones. Las asesorías jurídicas fueron 98 ($2.951,3 millones); archivo y digitación, 64 contratos ($1.926,8 millones); misionales, 46 ($1.365,8 millones); administrativos, 40 ($1.195,1 millones); seguimiento, 212 ($6.366 millones); y apoyo, 100 contratos por un poco más de $3000 millones.
En este periodo causan curiosidad nuevamente los contratos de asesorías jurídicas por casi $3000 millones, los de seguimiento y apoyo por casi $10.000 millones.
En 2017, año de su salida del Ministerio de Agricultura, fue el de más nómina paralela: 807 contratos por $24.116’947.027. De esta enorme cifra, las asesorías jurídicas siguen primando con 124 contratos por $3.705,7 millones; 52 contratos de archivo y digitación ($1.554 millones); misionales, 362 ($10.818,2 millones); y apoyo, 269 (8.038,9 millones).
Durante su paso por este ministerio, Aurelio Iragorri tuvo una nómina paralela por $60.902,8 millones representada en 2056 contratos y nada para el campo.
Se genera un interrogante sobre la utilidad y el propósito de suscribir 343 contratos de abogados por una suma superior a los $10.464 millones teniendo en cuenta que la finalidad del Ministerio de Agricultura se enmarca en perfiles profesionales diferentes, propios de la gestión agropecuaria.
A esto hay que sumarle que casi la totalidad del personal contratado se ubicaba funcional y físicamente en Bogotá, muy a pesar de que los beneficiarios, usuarios o interesados estaban distribuidos en toda la geografía nacional.
De feria en otras entidades del sector
Pero la feria de contratos a dedo de Iragorri no solo fue en el Ministerio de Agricultura. También malgastó miles de millones de pesos en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Incoder y Unidad de Restitución de Tierras. Todas estas entidades están adscritas a la cartera agropecuaria y las decisiones que se toman están avaladas y son conocidas por el ministro de turno.
De los 3048 contratos realizados por el ICA en 2015, por $121.680 millones, el 78,17 % se hizo de manera directa siguiendo la tendencia que él impuso en el Ministerio de Agricultura. Fueron $95.119,4 millones que se entregaron a dedo (78,17 %).
En el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) la situación fue similar. Fueron 2367 los contratos firmados en 2015 por $376.551,1 millones. De esa suma, $297.923,9 millones se entregaron de manera directa (79,12 %).
Y en la Unidad de Restitución de Tierras la situación fue peor: 2067 contratos por $114.075,2 millones en 2015, pero $95.469,2 millones se hicieron de manera directa. Es decir, el 83,69 %, siguiendo la “moda” Iragorri.
Ese año, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas firmaron 8276 contratos por $2,454 billones. De esa cifra, $2,273 billones se entregaron a dedo, sin ninguna licitación ni concurso de méritos. Eso representó el 92,64 % de todos los contratos de esa vigencia.
En 2016 continuó esa tendencia en la cartera agropecuaria, ICA, Incoder y Unidad de Restitución de Tierras. Los contratos firmados fueron 3777 por $1,235 billones. De esa cifra, $1,141 billones fue contratación directa (92,42 %).
Se desperdició el dinero para el campo
El examen realizado por los congresistas del Centro Democrático revela que algunos de los contratos entregados a dedo por Iragorri durante su paso por el Ministerio de Agricultura fueron a dar a entidades que buscaban la división en el gremio ganadero como Ganacor (que fue la principal promotora de la Nueva Federación Ganadera, hoy en vía de extinción), a organizaciones que al final no desarrollaron las actividades como Unaga y Funsec (pero sí les pagaron) y a ONG que eran fachadas de grupos políticos que apoyaban el proceso de paz con las Farc.
El 29 de diciembre de 2015, Iragorri y el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dieron un golpe de mano a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) al arrebatarle la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) a través del Decreto 2537.
En 2016 Fedegán ya no era el administrador del FNG y surgieron algunas organizaciones interesadas en pescar en río revuelto para dividir al sector y fomentar la creación de un gremio con la mira puesta exclusivamente en los cuantiosos recursos de la parafiscalidad ganadera.
Para esas instituciones hubo multimillonario apoyo del ministro Iragorri. La Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), en cabeza de Alfredo García Burgos, firmó un jugoso convenio con el Ministerio de Agricultura por $3.139’400.000 el 12 de septiembre de 2016.
El Convenio 0941 entre el Ministerio de Agricultura y Ganacor tenía un plazo de tres meses y 19 días. Es decir, que iba hasta el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, el 27 de diciembre fue prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017.
En la maraña de contratos de la cartera agropecuaria había dos tipos de objeto: “Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para…” y “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para…”. Eran tan gaseosos como sus resultados, pero el dinero sí se entregaba a las organizaciones, gremios, ONG y otras instituciones que hicieron parte de la piñata.
En este caso el convenio con Ganacor tenía el siguiente objeto: “…Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganacor para llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado ‘…Implementación de alternativas para el incremento de la oferta forrajera y mejoramiento de la calidad higiénica de leche mediante el montaje de una red de frio y aplicación de buenas prácticas en predios de pequeños ganaderos de los municipios de Arboletes, Necoclí y San Pedro del Departamento de Antioquia’”.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Dentro de las obligaciones a cargo de Ganacor entre otras, estaban las siguientes: 1) Establecer 200 hectáreas de pasto de corte para mejorar la disponibilidad y calidad nutricional en predios de pequeños ganaderos; 2) Tomar muestras de suelos para su análisis y recomendaciones de acuerdo al reconocimiento del lote para establecer y determinar las características del mismo; 3) Realizar capacitación y transferencia teórico-prácticas en buenas prácticas ganaderas y manejo de praderas mediante la realización de 8 visitas a cada productor y capacitación de 200 pequeños productores.
Sobre la primera obligación no se evidenció, en la información suministrada, la realización de dicha actividad y por ende, no se identifica el mejoramiento de la calidad nutricional de los predios, a lo que estaba obligada Ganacor. No fue posible comprobar la diferencia entre el estado inicial de los terrenos y el resultado después del comprometido mejoramiento
En lo que corresponde a los estudios de suelos y recomendaciones, el gremio de Córdoba reportó en una comunicación del 16 de diciembre de 2016, que dichos estudios de suelos fueron realizados por la Universidad de Córdoba, mediante contrato suscrito con la Fundación Sahed.
¿Por qué Ganacor utilizó intermediarios para contratar los estudios de suelos con la universidad? El objeto social de la Fundación Sahed es: “…Responder con altos estándares ante situaciones de emergencia, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y sociales de instituciones públicas, privadas y comunidad, vigilando y promoviendo el ejercicio de la participación y equidad de género, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población…”. Nada que ver con el campo.
Con respecto a la tercera obligación, ni el contratista ni el Ministerio de Agricultura evidenciaron el impacto de los talleres en la población objetivo, por ello, no se puede medir el beneficio en la generación de capacidades en los beneficiarios para mejorar sus sistemas productivos y rentabilidad.
Por otra parte, Ganacor se comprometió a aportar $639,4 millones en especie, representados en transporte de insumos, dirección del proyecto, preparación de terrenos, mano de obra no calificada, disposición de oficinas y servicios, disposición de terrenos, tanques, construcción de infraestructura para los tanques…”.
Sin embargo, el gremio les trasladó esa obligación a los beneficiarios del proyecto. Al ser consultados tanto el ministerio como Ganacor esto respondieron: “…Vale la pena resaltar que aun cuando no se han adquirido los tanques, se cuenta con el contrato de suministro firmado y perfeccionado, toda vez que el mismo expresa de manera clara que la entrega de los mismos depende de la construcción de la caseta de manejo, infraestructura esta, que corresponde a la contrapartida de los beneficiarios…”.
En suma, se evidenciaron aspectos que presumen: incumplimiento del objeto contractual y del Estatuto de Contratación Pública, falta de soporte y posible pertinencia de gastos y aplicación de los recursos públicos y violación del Manual de Supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Vale la pena recordar que el representante de Ganacor, Alfredo García Burgos, fue uno de los gestores de la Nueva Federación Ganadera de Colombia y su primer -y casi único- presidente.
