Por: Carlos Tobar
En los diarios recorridos que hago por la ciudad en las horas de la noche, se hace patente que Neiva es una urbe a oscuras. Da grima la iluminación pública de vías y espacios públicos. No solo porque no existen luminarias, sino que las existentes son de tan baja capacidad lumínica que la penumbra es lo que predomina.
Este no es solo un problema de estética (el alumbrado público es parte del equipamiento urbano indispensable), sino de seguridad. Desafortunadamente los riesgos de seguridad ciudadana se han venido incrementando, aupados en buena medida por la oscuridad de zonas enteras de las áreas urbanas, para no hablar de las periféricas o las rurales que no existen.
Este que debiera ser un servicio excelente dado que los ciudadanos pagamos uno de los impuestos más altos para su prestación, es en la práctica insuficiente y precario.
Se ha llegado a esta situación porque desde la década de los años 90 del siglo pasado, cuando se empezó a legislar para la formalización del servicio de alumbrado público que, se hizo bajo la ley 142 de 1994, se permitió la privatización del mismo. Es decir, la delegación en particulares y no en empresas públicas la prestación del servicio.
De manera perversa, a lo largo de estas tres décadas la legislación se ha ido refinando para acomodarla a una verdadera “mafia” que se ha venido tomando, no solo este servicio sino otras áreas claves de la administración pública, como por ejemplo los catastros municipales.
En el caso de Neiva, la experiencia de más de 20 años de privatización ha sido nefasta. Primero, fue el lesivo contrato de concesión de Diselecsa que saqueó a su antojo los recursos de la municipalidad sin que se les pudiera poner control. De esa experiencia quedó una ciudad en la penumbra y las arcas vacías.
Ahora, el actual gobierno municipal decidió entregar, bajo una modalidad más peligrosa para los intereses ciudadanos, un contrato a 15 años para la administración del impuesto de alumbrado público a un socio particular que, hegemónicamente dispondrá de esos recursos sin control efectivo del ente municipal.
En la práctica estamos viendo los opacos resultados de esa decisión de la administración del alcalde Gorky Muñoz, convalidada por la mayoría de un concejo municipal que solo vela por el interés de sus propios bolsillos.
En ese negociado están en juego cerca de un billón de pesos de nuestros impuestos durante el lapso del contrato. “Pobre” Neiva.
