Hemos sido reiterativos desde esta tribuna que, a pesar de las sanas intenciones del presidente de la República Gustavo Petro Urrego para lograr la paz total, desafortunadamente en la mayoría de las regiones colombianas, se ha recrudecido la violencia, por la presencia de múltiples organizaciones criminales que no cesan su actuar delictivo, el cual es alimentado por el material comburente del narcotráfico. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, en solo siete meses se ha duplicado la presencia de los integrantes del Clan del Golfo en 20 departamentos. Igualmente, en las regiones de Nariño, Cauca, Valle, Choco, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Atlántico entre otros territorios, estas expresiones de las organizaciones criminales, se han triplicado por la incapacidad del Estado para contrarrestar estas acciones delincuenciales.
Mientras persistan estas condiciones de flexibilidad y permisibilidad por parte del Estado Colombiano, con dichas bandas, será muy difícil buscar que este anhelado sueño de los colombianos se cumpla. Diariamente se siguen cometiendo asesinatos colectivos e individuales en los municipios, que desbordan la capacidad de respuesta de los debilitados integrantes de la fuerza pública y del ejercito que se sienten incapaces para poder contrarrestar este flagelo que corroe las instituciones democráticas del país. La sociedad colombiana, se siente sorprendida por el accionar gubernamental, contra estas mafias que cada día se fortalecen y están tomando un dominio territorial, como nunca visto. Ya incursionan a plena luz del día en los establecimientos educativos y deambulan libremente por las calles de los municipios, sin que exista una respuesta militar.
Las extorsiones y las vacunas están a la orden del día. Es muy desalentador el panorama sombrío que se cierne sobre la armonía de las familias colombianas que residen en dichas regiones. Igualmente, los niveles de inseguridad son muy altos, por el aumento desbordado de atracos y casos de sicariato que se siguen presentando. Por este motivo, la sociedad colombiana pide a gritos que se suspendan todos los Decretos presidenciales, que buscan negociaciones con estas bandas criminales, que solo se burlan del accionar gubernamental para seguir fortaleciéndose en dichos territorios.
Paralelamente a lo anterior, se continúan cometiendo masacres de personas inocentes y de lideres sociales. No cesa la violencia, a pesar del llamado del gobierno nacional, para que cesen toda clase de hostilidades contra la población civil. El famoso Pacto de la Picota, que impulsó el actual presidente cuando estuvo en campaña presidencial, ha quedado al descubierto por la opinión pública. Pero de nada han servido que los principales lideres de estas organizaciones que se encuentran detenidos, salgan a la libertad, para cumplirles con dicha promesa. Además, ya no se puede circular tranquilamente por las vías del país, porque se está expuesto a que se presenten bloqueos y protestas sociales, de algunas comunidades que se sienten arrepentidas por los incumplimientos.
