Edgar Ignacio Fierro Flórez (‘Don Antonio’), quien confesó sus crímenes hace dos años, nuevamente sale salpicado en la condena contra el representante a la Cámara, Alonso Rafael del Carmen Acosta Osio.
Diario del Huila, Investigación
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Hace unos días la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión Alonso Rafael del Carmen Acosta Osio, representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico. En los hechos que motivaron esta condena estuvo involucrado el huilense, Edgar Ignacio Fierro Flórez, comandante de un grupo paramilitar.
Acosta Osio fue señalado del delito de concierto para delinquir agravado (Artículo 340, Inciso 3, Código Penal), por su participación con grupos al margen de la ley, con el propósito de ser reelegido representante a la Cámara por el partido Cambio Radical para el periodo 2006-2010.
El representante, quien además le fueron suprimidos sus derechos para ejercer funciones públicas, le fue hallado responsable de tener relación con el grupo paramilitar Bloque Norte (AUC) “…quien para esa época se desempeñaba como Representante a la Cámara y aspiraba a una nueva elección para el mismo cargo, periodo 2006-2010 por el partido Cambio Radical, en las que se concertó desplegar acciones tendientes a cooptar entidades públicas del orden regional, la aprobación del proyecto de ley de Justicia y Paz con miras a obtener beneficios legales que favorecieran a los paramilitares”, señala la providencia.
¿Cuál fue el papel de Edgar Fierro?
Fierro Flórez, oriundo de Campoalegre (Huila), fue uno de los comandante destacados del Bloque Norte de las AUC. Por su influencia fue llamado a declarar en este proceso “…y algunos de sus lugartenientes, quienes confirmaron haber estado presentes en los momentos en que Acosta Osio acordó con esa estructura criminal el apoyo necesario para asegurar su curul en la cámara periodo 2006-2010 y su contraprestación a través de participaciones burocráticas y la gestión legislativa en el proyecto de ley de Justicia y Paz”.
El exparamilitar Fierro Flórez, hace dos años reconoció ante un fiscal de Justicia y Paz, en Barranquilla, que él ordenó matar 533 personas en el Magdalena. Además, dijo que tuvo nexos con un miembro de la Fiscalía, el ex director del CTI, Atlántico y La Guajira, Gabriel Turizo, quien fue director seccional del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Huila. Lo que confesó es que habrían pagado para desaparecer registros judiciales en la Fiscalía.
En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se señala que “el excongresista Alonso Rafael Del Carmen Acosta Osio, asistió a varias reuniones con miembros de ese frente, como lo narró Edgar Ignacio Fierro Flórez y se extrajo de la agenda personal de Fierro Flórez incautada al momento de su captura” el 11 de marzo de 2006 en Santa Marta.
Frente al caso concreto señalado por la corte, señaló que Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, comandante militar de las AUC, “explicó que su organización tenía diferentes comisiones que se relacionaban con políticos de la región para ejercer control sobre algunas entidades públicas, a saber: el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico y el Matadero Municipal de Sabanagrande. Algunas de estas comisiones se encontraban a cargo de Carlos Mario García, alias “Gonzalo” y Mario Rafael Marengo, alias “El Rey”, cuya función era establecer vínculos con la clase dirigente en busca de alianzas en las cuales las AUC brindaba su apoyo a cambio de que se hiciera partícipe a la organización criminal de los réditos de las empresas estatales o de que se votara favorablemente en el Congreso las decisiones en las que estuvieran en juego los intereses del grupo paramilitar”.
Agregó, que el testigo Fierro Flórez relató la forma como conoció al congresista por medio de Julio Polanía Martínez, y dio cuenta de las relaciones que a partir de allí se suscitaron, mencionándolo como una persona importante para la organización; dichos que fueron corroborados por Mario Rafael Marengo, alias “El Rey” quien aludió al papel del procesado al interior del congreso para la aprobación del proyecto de ley de Justicia y Paz, y por Julio Cesar Maure Díaz, alias “Donaldo” y José Gelves Albarracín, alias “El Canoso”.
Con miras a la expansión de ese grupo criminal fueron creados distintos Bloques, entre ellos y para los intereses de este asunto, el Bloque Norte, cuyo comandante era Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, con influencia en los departamentos de Atlántico, Magdalena, César, La Guajira y parte del Norte de Santander, organizado en dieciséis frentes, entre ellos, el José Pablo Díaz, comandado por Edgar Ignacio Fierro Flórez, que operaba en municipios como Barranquilla, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad, entre otros.
El ingreso a las AUC y captura
El huilense Edgar Ignacio Fierro Flórez en marzo del año 2003 ingresó a la AUC, donde se desempeñó como Inspector de Armas del Frente Mártires del Cesar. Ese mismo año, asumió el mando del Frente “José Pablo Díaz” del Bloque Norte, desempeñándose como Comandante hasta el 8 de marzo del año 2006, fecha en la cual se desmoviliza colectivamente en el corregimiento Chimilla del departamento del Cesar. Fue capturado el 11 de marzo de 2006, en el condominio Villas Canarias en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), tres días después de su desmovilización.
La importancia del Frente José Pablo Díaz
El Frente “José Pablo Díaz” que comandó Edgar Fierro, tenía como propósito ampliar el control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además del manejo del narcotráfico y los desplazamientos, a través de distintas comisiones, entre ellas, la política a cargo de Carlos Mario García Ávila, alias “Gonzalo” o “El médico”, miembro traído a la organización por Fierro Flórez, quien se encargó de permear los procesos políticos de la región.
Las alianzas de diferentes instancias del poder político en regiones donde las Autodefensas tenían control militar, “se han documentado por la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás, reconociéndose tal fenómeno como un hecho cierto e incontrovertible, respecto del cual se ha determinado que:
“A partir del momento en que los jerarcas de los diferentes grupos de autodefensa se hicieron al control militar de vastas zonas del territorio nacional a comienzos del presente milenio, luego de lo cual concibieron la idea de incidir en las instancias del poder político para asegurar el proceso de consolidación, obtener reconocimiento como organización armada ilegal, representación en los cargos de elección popular local, regional y corporaciones públicas (Congreso), amén de posibilitar los acuerdos con el gobierno nacional para lograr una salida negociada del conflicto que les reportara beneficios, implantaron su propia democracia bajo lo que hoy se conoce como el ‘proyecto político paramilitar en Colombia’.”
“El propósito de los señores de la guerra no podía ser posible sin forjar alianzas con los líderes sociales que buscaban distinción en los círculos de opinión y con mayor razón con los que gozaban de tradición política, quienes se plegaron a su causa por conveniencia, simpatía o necesidad, como una suerte de estrategia para candidatizarlos en los venideros certámenes a Cabildos, Asambleas, Gobernaciones, Alcaldías y Congreso de la República, garantizándoles inmensas posibilidades de éxito a través del apoyo logístico y financiero, con el compromiso de reciprocidad, de manera que para el año 2002 ya tenían infiltrada buena parte de la administración pública a nivel nacional”.
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